El Gobierno se ha propuesto aprobar "en las próximas semanas" la reforma del nivel asistencial del desempleo, es decir, los subsidios que perciben los parados cuando han agotado la prestación contributiva, con la intención de incentivar su reinserción en el mercado laboral en la búsqueda del objetivo del pleno empleo que se ha marcado el Ejecutivo para esta legislatura.

Según desveló este lunes el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, en una conferencia organizada por EY, esta reforma se centrará, por un lado, en "potenciar" el acuerdo de actividad que todos los desempleados hacen con los servicios públicos de empleo "para que el apoyo que hace que la Administración para formarlos, darles un itinerario personalizado y facilitar su inserción en el mercado de trabajo tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas" de empleo.

El acuerdo de actividad, también conocido como compromiso de actividad, es el pacto escrito entre los servicios públicos de empleo y el trabajador en desempleo en el que se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes para incrementar la empleabilidad de este último.

La ley vigente establece que el rechazo de una oferta de empleo adecuada o de un curso de formación, sin causa justificada, por parte de un desempleo que cobra prestación puede sancionarse con la pérdida de la misma durante tres meses la primera vez, seis meses en una segunda vez y con la extinción si reincide en una tercera ocasión.

La idea del Gobierno con esta reforma del nivel asistencial, según García Andrés, es "orientar todo el sistema de subsidios por desempleo hacia la reincorporación de los trabajadores al mercado de trabajo", teniendo en cuenta además la "escasez" de perfiles que han detectado tanto el Servicio Público de Empleo (SEPE) como el Banco de España en "muchos sectores", tanto de sectores de mano de obra muy cualificada como de sectores de menor cualificación.

"Hace años, con unas tasas de paro muy elevadas, el sistema de subsidios por desempleo incorporó elementos sociales de protección que, ahora, en el mercado de trabajo que tenemos hoy, tenemos cubiertos con el Ingreso Mínimo Vital (IMV)", explicó el secretario de Estado, que considera que "es el momento de hacer esta reforma" del nivel asistencial para activar a todos los trabajadores que están percibiendo un subsidio.

"La reforma va en esa línea de incentivar la reincorporación y que todas estas personas aprovechen las oportunidades que ahora tenemos y que claramente se van a mantener y se van a profundizar hacia adelante", señaló García Andrés.

Reacción de los sindicatos

Ante estas palabras, CCOO y UGT han mostrado "sorpresa y han exigido la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social en materia de protección por desempleo.

En un comunicado, los dos sindicatos han asegurado que las declaracones de García Andrés ponen en duda la "honradez" de las personas beneficiarias de los subsidios por desempleo.

Asimismo, han afirmado que desde el Gobierno no se ha trasladado "propuesta alguna" a los interlocutores sociales y que las palabras de García no se corresponden con la reforma de la protección asistencial por desempleo que "se necesita".

"La reforma y ampliación de la protección asistencial por desempleo es una necesidad y un compromiso asumido, reiteradamente por sucesivos gobiernos, e incluida en distintas ofertas electorales y acuerdos de legislatura, que aún no se ha materializado", han criticado.

Los sindicatos han recordado que durante la pasada legislatura, el Ministerio de Trabajo anunció la reformulación del sistema de protección por desempleo en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura.

Para los sindicatos, es necesaria una "revisión en profundidad" del entramado de prestaciones asistenciales con distintos requisitos, como edad, tiempo cotizado, cargas familiares, rentas propias, rentas familiares, períodos de espera, búsqueda activa de empleo y compromiso de actividad, que dificultan el acceso y la gestión de las mismas.

Asimismo, han pedido simplificar el amplio abanico de subsidios asistenciales existentes, facilitar los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura, junto con el refuerzo de las plantillas del SEPE, incluido el número de orientadores y su capacidad de intermediación en el mercado de trabajo para conseguir mejorar la adecuación de la formación y capacitación para el empleo de las personas.

La reforma del subsidio del desempleo, en la que el Ministerio de Economía y el de Trabajo llevan trabajando más de un año, es una de las prioridades que, precisamente, citó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la toma de posesión de su cargo la semana pasada.

Se trata, además, de una de las reformas comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación español, ligada al cuarto desembolso de los fondos europeos.

También se incluyó en el pacto de investidura entre PSOE y Sumar el compromiso de simplificar y mejorar el nivel asistencial desempleo para facilitar el acceso y la compatibilidad de los subsidios con un trabajo, dotarlo de prestaciones "suficientes" y reforzar los incentivos al empleo.