la situación de la sanidad en la comarca, a debate

Los trucos de las listas de espera

  • Fuerte contestación en las redes sociales al informe que sitúa el tiempo medio para operarse en 47 días

  • El SAS maquilla las cifras con triquiñuelas burocráticas

Una pancarta en la manifestación de Algeciras del pasado viernes. Una pancarta en la manifestación de Algeciras del pasado viernes.

Una pancarta en la manifestación de Algeciras del pasado viernes. / Lobato

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A falta de dos meses para conocer con detalle "los Presupuestos expansivos" de la Junta de Andalucía para 2018, la realidad de la sanidad pública en el Campo de Gibraltar presenta un panorama sombrío, con un progresivo deterioro de las prestaciones que reciben o han dejado de recibir los usuarios y promesas incumplidas, como ha ocurrido con la apertura del nuevo hospital de La Línea, anunciada para finales de 2015 o principios de 2016 y que, finalmente y si nada lo impide, abrirá sus puertas parcialmente el próximo día 29. Casi dos años más tarde.

El recorte en la sanidad pública de Andalucía desde 2010 queda reflejado en las partidas presupuestarias aprobadas por el Parlamento, con un descenso de 7.000 millones de euros desde ese año. Las consecuencias saltan a la vista. Tanto en el viejo hospital linense como en el Punta de Europa de Algeciras, la falta de personal médico y sanitario ha dejado de ser noticia, a la par que el deterioro de las instalaciones.

Uno de los aspectos más criticados por los pacientes son las listas de espera en sus diferentes variables, ya sea para ver al especialista, hacerse una prueba o someterse a cirugía. La difusión ayer de un informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el que sitúa el periodo medio de espera para operarse en la comarca en 47 días, tuvo una fuerte contestación ciudadana en las redes sociales, acorde a las críticas vertidas por el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) sobre el maquillaje que sufren dichas listas antes de hacerse púbicas.

Andalucía garantizó de forma pionera en España los llamados tiempos máximos de respuesta para la atención especializada, de tal forma que nadie acogido a la sanidad pública andaluza aguarde más de dos meses para ver al especialista, más de uno para hacerse una prueba ni exceda entre 180 o 120 días para operarse, según los casos. Pero para los sindicatos y los profesionales consultados, del dicho al hecho media muchas veces un largo trecho.

Entre las triquiñuelas más citadas se encuentra la creación de listas cerradas (el paciente que supere el plazo máximo es borrado y consignado como nuevo), el retraso en las pruebas diagnósticas o la eliminación de las listas de los enfermos que no quieren ser atendidos en otros centros o con el médico asignado, lo que pone su contador a cero.

Hay que contar también con la letra pequeña: hay operaciones que no tienen garantía de tiempo máximo de espera, por lo que los pacientes de aquellas patologías que carecen de esa cobertura existen, pero las estadísticas oficiales no los incluyen. Y aunque el tiempo máximo para ser atendido por un especialista es de 60 días, esto solo rige para la primera consulta. Las demás pueden superar ese plazo, por lo que es habitual que se dé prioridad a esa primera cita para cumplir con el decreto. Más letra pequeña. El tope de 60 días es cuando la petición de la primera cita viene del médico de cabecera. Pero si es de otro especialista -lo que se llama interconsulta- tampoco cuenta la garantía de los dos meses.

Más allá de la letra pequeña, están los trucos. Uno que repetidamente denuncian los sindicatos es que cuando se está rozando el límite de incumplir un decreto no se incluyen pacientes hasta que no se reduce la lista de espera, bien porque baja la demanda o porque se adoptan medidas para rebajarla. "No siempre la inclusión del enfermo es inmediata en la lista de espera ", explica un sindicalista. La anotación a veces se demora y aunque no cuente estadísticamente ese tiempo, para el paciente sí que cuenta. Hay además un recurso lícito que puede utilizar la Administración sanitaria cuando los límites máximos están a punto de estallar y que está previsto en la propia normativa: ofrecerle al enfermo acudir a un centro privado. Muchos lo rechazan porque la sanidad pública está muy bien considerada por los usuarios. Y ahí los apean del derecho al tope de espera. Esos pacientes continúan en lista de espera, aunque ya no tienen garantía de un tiempo máximo.

El último eslabón de la cadena son los profesionales, que se debaten en qué asistencia priorizar. Los procesos urgentes se atienden sin dilaciones. Los oncológicos también son asistidos con celeridad. Pero a partir de ahí empieza a tirarse de los cuatro picos de la manta. Misión imposible. "Es imposible. Porque hay dos parones de la actividad programada, en verano y en Navidad, por las vacaciones del personal. Como hay que priorizar lo urgente y lo oncológico los 365 días del año, lo demás se acumula y al final, alguna lista de espera acaba saliéndose del decreto", apunta un profesional.

Algunos facultativos denuncian que la tiranía de los plazos límite fijados en los decretos provoca que en casos puntuales haya operaciones de patologías graves que se aplacen durante unos días para concentrar todos los esfuerzos en quitar lista de espera amparada por las disposiciones autonómicas. Pero si aun así quedan pacientes por encima de los topes máximos, "el truco" consiste en pasar esos enfermos al apartado de transitoriamente no programables, que son aquellas personas a las que se les pospone la intervención por decisión propia o por razones clínicas.

Los profesionales coinciden en lamentar que al tener que priorizar la asistencia protegida por los decretos, la patología que no está bajo ese paraguas normativo acaba formando bolsas de pacientes que pueden tardar hasta tres años en ser atendidos por no padecer patologías que no son vitales ni graves, pero sí molestas.

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