El alcalde barreño, Jorge Romero, comunicó ayer a los sindicatos la aplicación de una drástica reducción en el número de horas sindicales que hasta ahora disfrutaban las centrales. Pasarán de 1.350 horas al mes a 670, justo el mínimo legal calculado según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) frente a las mejoras pactadas en el convenio colectivo actualmente derogado.

Romero mantuvo ayer el prometido encuentro con los delegados sindicales de la junta de personal (funcionarios) y comité de empresa (laborales) anunciado el lunes. En la cita les expuso que como consecuencia de la derogación del convenio, quedan también sin efecto las mejoras pactadas en su día en cuanto al número de horas de acción sindical. Ahora pasarán a aplicarse 20 horas mensuales por cada miembro de la junta de personal y 30 para los delegados del comité de empresa. En el acuerdo derogado se habían alcanzado hasta 50 horas por delegado y mes en el caso de los funcionarios y 40 para los representantes de los laborales.

Romero señaló que la reducción provocará que muchos de los delegados sindicales del Ayuntamiento vuelvan a desempeñar sus funciones en sus puestos de trabajo al no tener cómputo suficiente para agrupar horas y permanecer como liberados. "Algunos tendrán que trabajar y coger sólo y exclusivamente las horas sindicales que les correspondan por ley, para ejercer su labor y no estar liberados por completo. El objetivo es poder sacar adelante los servicios, tenemos que gestionar mejor y con más eficiencia", dijo.

Las centrales calificaron en un comunicado las medidas como una vuelta a 35 años atrás. Dudaron de la legalidad de derogar el convenio sin negociación previa, unilateralmente. Desde la UGT ya estudian la posibilidad de denunciar la retirada de las horas sindicales y movilizaciones al entender que se cercena la capacidad de atención a los trabajadores. Llegaron a calificarla de pisoteo de derechos basado en "odios y maldades" y conminaron a la oposición política a pronunciarse.

En el encuentro se acordó comenzar las negociaciones del nuevo acuerdo laboral para funcionarios el día 21 dejando al margen la negociación del convenio colectivo para el personal laboral ya que Romero propone afrontarla una vez reestructurada la plantilla. Los sindicatos lo rechazan por entender que las condiciones deben ser las mismas con independencia del número de trabajadores.

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