Las aguas políticas bajan revueltas en San Roque a cuenta del tapón en la desembocadura del río Guadiaro. Representantes del Ayuntamiento de San Roque, del Gobierno central y del Partido Popular cruzaron ayer nuevas acusaciones y reproches sobre quién debe asumir la iniciativa para actuar frente al recurrente bloqueo del estuario tras conocerse este lunes un informe de la Abogacía del Estado, encargado por la demarcación de Costas, que señala a la Junta de Andalucía como entidad competente para liberar el cauce. Al margen de los dimes y diretes, el diputado socialista Salvador de la Encina abogó por la apertura de una nueva comisión que busque una salida dialogada al conflicto de competencias.

Las críticas desde el Partido Popular y el Gobierno fueron directas hacia el alcalde sanroqueño, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, quien anunció el lunes la interposición de una denuncia por supuestos delitos de prevaricación y delito ambiental contra el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz; el subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz (ambos del PP), y el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico.

Agustín Muñoz instó al regidor sanroqueño a exigir a la Junta una actuación, basándose en el informe de la Abogacía del Estado. Muñoz pidió a Ruiz Boix que "deje de marear la perdiz y buscar intereses políticos" y aseguró que con la denuncia "se postula clarísimamente como defensor de los intereses de la Junta" en este asunto "y en contra de los intereses de los sanroqueños".

Desde el Partido Popular, su secretario provincial, Antonio Saldaña, elevó un escalón el tono al comparar a Ruiz Boix con el presidente de la Generalitat de Catalunya. "Juan Carlos Ruiz Boix es el Puigdemont del Campo de Gibraltar por su denuncia falsa", sostuvo Saldaña. Para el representante provincial de los populares, el regidor sanroqueño está abocado al fracaso en los tribunales. "Debe o pedir disculpas por la bravuconada de poner la querella y retirarla, para no hacer más el ridículo, o puede, si considera que hay delito medioambiental, mantener la querella, pero dirigirla a las personas que son responsables, que serían el consejero de Medio Ambiente y la presidenta de la Junta de Andalucía". Saldaña dijo que si la mantiene en contra de los representantes estatales, "actuaremos en consecuencia por una denuncia falsa".

Las valoraciones no tardaron en producirse en San Roque. Juan Carlos Ruiz Boix restó crédito al informe de la Abogacía del Estado con un símil familiar. "Es como si se pregunta a una madre por su hijo, siempre va a decir que su hijo va a tener razón", comparó para apelar a que se trata de un pronunciamiento a instancias de parte (del Gobierno). "En raras ocasiones la Abogacía del Estado contradice cualquier iniciativa del Gobierno", apuntó. Para el alcalde, hay una contradicción dado que el Gobierno (Costas) propuso el año pasado sancionar a San Roque por actuar si bien ahora dice no ser competente.

Trató de poner orden el diputado Salvador de la Encina, si bien pidió al Gobierno que "no opte por lavarse las manos en el conflicto que todos los años se repite con el taponamiento del río Guadiaro" y procurar un entendimiento entre la partes "a un problema que debe solucionarse sin más dilación". "Basta con voluntad política", dijo De la Encina, quien apeló a la capacidad de diálogo de todas las partes "para resolver una situación que no es tan complicada, ni supone un desembolso económico tan grande".