El Pleno acuerda revisar los valores catastrales de todo el término municipal

  • Los grupos, salvo el PSOE, aprueban que se auditen las cuentas del Ayuntamiento de 2005 a 2011 a propuesta del alcalde

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La Corporación barreña acordó ayer en Pleno solicitar al Ministerio de Economía y Hacienda una revisión de los valores catastrales de todos los inmuebles del término municipal para acabar con los desequilibrios de una ponencia colectiva con 18 años de antigüedad. Fue el acuerdo más trascendente por su futura repercusión para las arcas municipales en una sesión jalonada por la economía del erario; la presencia de trabajadores municipales reclamando las nóminas y de las antiguas limpiadoras de colegios, despedidas el viernes.

También salió adelante una propuesta de Alcaldía para auditar las cuentas mientras que quedó sobre la mesa la retirada de las encomiendas de gestión a las empresas municipales como un paso más en su plan disolutorio.

Todos los grupos salvo el PSOE, que se abstuvo, votaron a favor de la revisión de la ponencia de valores catastrales. Se trata de un dato que sirve de base para calcular el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el impuesto que grava los incrementos de valor del suelo entre transmisiones patrimoniales (Plusvalías). Aunque la ponencia debe revisarse cada diez años, la existente en estos momentos data de 1993 y se aplicó por primera vez en 1994. Los cálculos andalucistas prevén que la nueva ponencia entre en vigor a partir de 2013 y ayude a sanear la maltrecha economía municipal.

De hecho, la concejal de Economía y Hacienda, María Teresa Doñate, expuso ante los ediles de forma muy efectista los desequilibrios generados por tanto lapso sin revisar los valores catastrales. La oposición lo consideró razonable, salvo el PSOE que expuso sus reparos a que la revisión suponga en el futuro una subida de impuestos "inevitable". Un extremo que Doñate negó alegando que la subida provocada sería de unos 20 o 30 euros al año por cada recibo de IBI -gracias a una estimación trazada por técnicos municipales- si bien dejó claro que se trata del primer paso de un largo proceso cuya toma de decisiones (entre ellas, fijar un nuevo gravamen para calcular los impuestos) deberá salir adelante con el concurso de todos los grupos. A modo de justificación, Doñate expuso un análisis comparativo sobre diez zonas del municipio que estima la merma de ingresos por IBI y Plusvalías en 1,8 millones de euros desde el año 2006, sólo en esas diez zonas.

No hubo apoyo al Gobierno andalucista a la hora de dejar sin efecto las encomiendas de gestión de las cuatro empresas municipales. PP y PIBA alertaron de que la decisión supondría perder el control del patrimonio y participaciones en otras sociedades que poseen las empresas. El alcalde, Jorge Romero, intervino para defender lo contrario. En caso de no retirar las competencias, dijo, el patrimonio societario podría verse en manos de los acreedores para saldar las deudas por mucho menos de su valor. Así, convocó a los portavoces a reunirse hoy mismo para profundizar en la cuestión y volverla a llevar a pleno cuanto antes con el fin de "aislar" a las empresas del Ayuntamiento.

Ya en asuntos de urgencia, de nuevo todos los grupos salvo el PSOE -que volvió a abstenerse- acordaron iniciar los trámites para que las cuentas de la entidad local sean auditadas desde el año 2005. El análisis se pedirá, por este orden, a la Cámara de Cuentas de Andalucía; a la Diputación Provincial de Cádiz y será realizado por una empresa externa en caso de que las dos primeras opciones no salgan adelante. El PSOE justificó su abstención en no conocer la propuesta de acuerdo y no en la existencia de hechos que resultaran contrarios a la etapa de gobierno socialista. El resto de grupos la aplaudió y consideró necesaria.

2013

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