El Ayuntamiento de Los Barrios sopesa la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como una de las posibles fórmulas para mantener el equilibrio en el gasto de personal tras haber reincorporado a medio centenar de extrabajadores que fueron despedidos en 2012 mediante la amortización de plazas y cuya salida fue declarada como nula por la Justicia.

Fuentes municipales aseguraron a Europa Sur que todavía no hay una decisión en firme, si bien la posibilidad de reducir la plantilla hasta mantenerla en la cifra previa a estas reincorporaciones cobra cada vez más fuerza. Varios departamentos municipales están efectuando cálculos e informes jurídicos para poder sustentar esta opción, sin descartarse igualmente otras fórmulas para ajustar las cuentas conforme a lo establecido en el plan de ajuste municipal en vigor (de agosto de 2017).

Hasta el momento han vuelto a la entidad local medio centenar de antiguos empleados

Hasta el momento, 74 de los 115 trabajadores que fueron despedidos hace ahora casi seis años tienen ya una sentencia firme que avala su vuelta, lo que supondría elevar el capítulo primero del presupuesto, el relativo a los gastos de personal, de 11,4 millones de euros anuales a 13,5 millones. Es un 18% más, equivalente a 2,1 millones de euros de diferencia al alza, según un informe de la Intervención municipal.

La cifra se engrosaría aún más porque todavía quedan varios casos de antiguos trabajadores pendientes de la resolución de los recursos por parte del Tribunal Supremo.

Otra opción que el Ayuntamiento barreño tiene sobre la mesa para mantener equilibradas las cuentas se basaría en reducir el capítulo 2, el de gastos corrientes y de servicios del Consistorio. O en encontrar un punto medio entre una reducción laboral y del gasto corriente.

De aplicarse un ERE, el derecho adquirido por los antiguos trabajadores municipales con sentencia favorable para percibir los salarios de tramitación (la diferencia entre el sueldo dejado de percibir durante el tiempo que duró su despido y la sentencia favorable) se mantiene inalterado.

El ERE, de consumarse, sería la actuación del Ayuntamiento para ceñirse al control del gasto que supervisa el Ministerio de Hacienda. Los expedientes para las administraciones públicas ya cuentan con el respaldo normativo de la reforma laboral aprobada por el Gobierno central apenas unos días después de la amortización de 2012.

Antes de aquella reducción laboral mediante la desaparición de plazas del catálogo, el gobierno municipal intentó a finales de 2011 aplicar un ERE sobre 178 trabajadores. Durante la negociación, la entidad local ofreció transformarlo en un expediente temporal con tres grupos a lo largo de otros tantos años (dos en el desempleo y otro ejerciendo) que fue rechazado por los representantes de la plantilla.

La Dirección General de Empleo de la Junta denegó en diciembre de 2011 la autorización del ERE, por lo que el Ayuntamiento puso en marcha a continuación el proceso de amortización de 178 plazas del anexo de personal del presupuesto municipal de 2012, de las que 115 estaban ocupadas por personal laboral.

PROTESTAS

El Ayuntamiento de Los Barrios incorporó esta semana a medio centenar de antiguos trabajadores del grupo de amortizados para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo que han declarado como nulos la mayor parte de los 115 despidos.

Una decena de este personal ha rehusado participar en los cursos formativos que se han puesto en marcha como medida previa a la asignación de un puesto de trabajo y ayer se concentró durante buena parte de la mañana a las puertas del edificio Maestro Quico apoyados por varios delegados sindicales.

Además, el Partido Socialista sostuvo en un comunicado que el Ayuntamiento barreño no ha dado aún de alta a los trabajadores en la Seguridad Social y calificó la situación como una vulneración del mandato judicial.

La concejal de Personal, Isabel Calvente, negó que el Consistorio no haya cursado las altas, sino que se está en el procedimiento administrativo dado que los beneficiarios de la reincorporación tenían que entregar determinada documentación. "Es un proceso más complejo que un alta ordinaria y sus derechos están garantizados desde el día 16. Asegurar que no les tenemos dados de alta es un bulo malintencionado. Y al PSOE le diría que debería conocer mejor cómo funciona la administración antes de pronunciarse", rehusó Calvente.

Sobre la negativa de parte del grupo a recibir la formación, la concejal explicó que se trata de unos cursos obligatorios para equiparar los conocimientos de este personal al del resto de trabajadores municipales. "La normativa ha cambiado enormemente en seis años. Especialmente en lo relativo a la administración digital. Antes de que estas personas puedan ser asignadas a un puesto deben ponerse al día. Para ello hemos establecido un plan de formación de dos a tres semanas que debe cumplirse", alertó la edil, quien resaltó que pese a estas protestas, el cumplimiento del plan formativo está siendo mayoritario entre el grupo de personas que han vuelto a la entidad local.