La carga de la prueba es la obligación procesal del deber de demostrar un hecho, que recae habitualmente en el que lo denuncia. Y la inversión de la carga de la prueba supone que es el denunciado el que tiene que probar su inocencia. Esa figura es la que las coordinadoras contra la droga piden que se utilice contra los narcotraficantes, incautándose todos sus bienes al presuponer que proceden de actividades ilícitas. Existe en países como Francia, Alemania o Italia, aseguran, y se trata de uno de los medios que serviría para luchar contra el narcotráfico dejando a las mafias sin esos bienes obtenidos de forma ilícita.

Conmemorando el Día Contra las Drogas, que desde hace 25 años organiza Alternativas con una concentración en la Plaza Alta, se reclamó además la prohibición de la navegación de las lanchas rápidas en aguas territoriales españolas, porque como apuntó el presidente de Alternativas, Francisco Mena, su uso es sólo para el narcotráfico y "deben ser incautadas, lleven drogas o no".

El presidente de Alternativas leyó como cada año un manifiesto en el que se exige que el Campo de Gibraltar tenga una juzgado específico para los casos de droga. "Ayudaría mucho a los Cuerpos de Seguridad en la investigación del dinero procedente del narcotráfico. Estamos muy contentos con las medidas que ha aplicado el Gobierno, pero somos conscientes que tiene un resultado hasta cierto límite. Hay que acabar con las fuentes de blanqueo y financiación del narcotráfico", añadió.

Mena se refirió ante los medios de la visita del ministro del Interior a la comarca, Juan Ignacio Zoido, y apuntó que debería reunirse con los alcaldes que saben lo que pasa en sus municipios de primera mano, también con los sindicatos y con las fuerza de seguridad. "Espero y deseo que si no puede venir a reunirse con nosotros que nos diga día y hora e iremos nosotros al Ministerio", apuntó.

La concentración congregó a medio centenar de personas, entre ellas representantes de los 21 colectivos que forman la plataforma Por tu Seguridad por la de Todos y representantes políticos del PSOE, IU y PA de varios municipios. La secretaria provincial del SUP en Cádiz, Carmen Velayos, señaló que si los responsables políticos no invierten en seguridad, los derechos de los ciudadanos están expuestos y el Campo de Gibraltar es la entrada de droga a Europa. "Es necesario que doten de medios humanos, técnicos y que se creen unidades especializadas para ello". Velayos confirmó que el único vehículo que ha llegado a La Línea es un coche con 230.000 kilómetros que han quitado de la patrulla rural del Puerto de Santa María.