La factoría de Acerinox en Palmones elabora un estudio técnico que le ha solicitado la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que constató que persisten algunos problemas ambientales por emisiones de partículas.

La Junta solicitó a Acerinox el 28 de octubre que realice una evaluación en profundidad de todas las emisiones difusas que pudieran emitirse desde las instalaciones de Palmones, "ya sea por las operaciones de producción, trasiego de materias primas o por manipulación de residuos, vehículos, etc., incluyendo aquellas fuentes que cuentan con sistemas de depuración pero que en las circunstancias actuales entendemos que pudieran no estas siendo eficaces".

Este estudio técnico deberá establecer una propuesta de medidas correctoras, incluyendo un cronograma de ejecución para todas ellas. Aunque Acerinox no se ha pronunciado sobre la petición de este informe, este diario ha podido conocer que desde el seno de la factoría tienen claro que el informe cumplirá con los objetivos que marca la Junta en materia ambiental.

Ante la petición de un informe por parte de la Junta a Acerinox, el colectivo ecologista Adagen señala que presentó varias denuncias sobre presuntos vertidos al aire desde la fábrica de Palmones y celebra que la delegación territorial de Medio Ambiente haya dado un plazo de dos meses -desde el pasado 28 de octubre- para que la empresa presente un estudio técnico que realice una evaluación de todas las emisiones que se emiten desde sus instalaciones, así como una propuesta de medidas correctoras.

Agaden señala que el pasado 21 de abril la delegación territorial de Medio Ambiente elevó una propuesta de resolución a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de una multa de 300.000 euros contra Acerinox, además de la imposibilidad de obtener préstamos, subvenciones, o ayudas públicas, así como la imposibilidad de hacer uso del distintivo de calidad ambiental de la Junta de Andalucía por 3 años. "Aun no tenemos conocimiento si se ha hecho efectiva dicha sanción, algo que la Consejería debería comunicar a la opinión pública", afirma el colectivo ecologista.

Agaden también arremete contra el gobierno andaluz. "Sigue yendo por detrás de los graves abusos de las grandes industrias contra la salud de la población campogibraltareña, ya que a estas alturas y con los medios existentes es una vergüenza que se sigan dando problemas ambientales tan graves sin que Medio Ambiente sea capaz de generar acciones preventivas y de control para evitar que ocurran estos episodios y esperan a que los ciudadanos tengan que interponer denuncias ante lo evidente".

Los ecologistas también lamentan el posicionamiento de los gobiernos municipales de la zona y demandan que se aplique el "principio de precaución", estableciendo una moratoria a la instalación y ampliaciones de nuevas industrias y actuando directamente sobre uno de los factores de riesgo de la comarca, "la contaminación industrial".