Ella fue la primera que salió a la luz pública, denunciando el extraño fallecimiento de su hermana a las pocas horas de nacer hace más de 35 años en un hospital de Cádiz a este diario, el pasado mes de mayo. Y desde entonces, su teléfono no ha parado de sonar.

Al principio, de manera muy intermitente, recopilando en los dos primeros meses muy poquitos casos. Y en la última semana, tras decidir por fin la fiscal jefe de Cádiz dar curso a su denuncia y a las de las restantes cuatro familias que estaban arrinconadas en los cajones del Ministerio Público de la Audiencia Provincial desde el pasado mes de julio, su teléfono humea. El suyo y el de este periódico, al que en los últimos días han llamado varias familias más interesándose por el asunto, con las mismas sospechas de que sus bebés no murieron en realidad, y en la mayoría de los casos, con lo que ellos creen indicios, documentos oficiales que recogen hasta tres causas diferentes para un mismo fallecimiento.

La isleña Chary Herrera, convertida en la portavoz de un colectivo que, desgraciadamente, en los últimos tiempos ha ido creciendo a pasos agigantados, asegura que los casos se han duplicado en esta última semana, hasta llegar a contabilizar nada menos que 35 . 62 si se cuentan también los casos surgidos en La Línea. De los de Cádiz, de momento habrían interpuesto denuncia la mitad, estando las restantes familias pendientes de conseguir la documentación necesaria para acudir a la Fiscalía.

Estas nuevas familias que piden explicaciones han terminado sobredimensionado el asunto hasta límites insospechados, Y es que si hasta ahora los casos se ceñían únicamente a la desaparecida residencia Zamacola (20), han surgido 15 más en otros dos centros sanitarios; 11, en el hospital Puerta del Mar, que sustituyó a la hoy desaparecida residencia, y cuatro, en el hospital de Mora.

También han alargado el periodo temporal hasta alcanzar incluso la aún cercana década de los 90. Las primeras 15 denuncias se extendían entre los años 1954 y 1986. Ahora hay un caso de 1988 y otro de 1991, el de una familia de Chipiona.

Las historias de estas familias son sin embargo muy similares a las que en estos últimos meses hemos venido desgranando en estas páginas. Siempre familias de escasos recursos, procedentes en su mayoría de localidades que se desplazaban a la capital para el parto. Hay historias espeluznantes, como la de una mujer, ya fallecida, a la que una meningitis de pequeña la dejó sordomuda, y a la que, cuando se iba del hospital con su bebé en brazos, le dijeron que había que ponerle una inyección. Dos horas y media después, le comunicaron que el niño había muerto. O la de la familia que se llevó un pequeño ataúd blanco supuestamente con el cuerpo de su bebé para enterrar a su localidad natal y años después, al exhuma los restos, sólo hallaron ropa. Ni rastro de hueso alguno.

Unos y otros pretenden sumarse, el próximo día 27 de este mes de enero, a la denuncia conjunta que se interpondrá ante la Fiscalía General del Estado, auspiciada por Anadir, la asociación de niños adoptados irregularmente.

En Cádiz, aún confían en que alguna administración se brinde a fletarles el autobús que les lleve hasta Madrid para pedir justicia. Para exigir su derecho a saber. Ahora que ya por fin desde la Fiscalía se ha dado la orden de investigar a la Policía, muchos están convencidos de que la verdad saldrá a la luz.