Hace tres años y dos meses, la Junta iniciaba el proceso de expropiación de Las Aletas con la publicación del decreto en el Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA). Fue el 26 de abril de 2006. La Consejería de Obras Públicas, competente entonces en las actuaciones en materia de ordenación del territorio, hacía público ese día el listado de las más de cuarenta fincas afectadas por el procedimiento de enajenación forzosa.

El proyecto del polígono industrial y tecnológico ya constaba en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTA) desde 2004, se había firmado el acuerdo con el Gobierno central, se había efectuado la reserva del suelo para esta finalidad -anulada después por el TSJA- y se había declarado el proyecto como "de interés autonómico" para allanar la ocupación del terreno y preservarlo ante posibles obstáculos o injerencias, tanto municipales como políticos o privados. La tela se había tejido minuciosamente para que los particulares, en su mayoría pequeños propietarios, se avinieran a una expropiación forzosa, dada la relevancia del proyecto y el tupido paraguas jurídico que lo amparaba.

El resultado es de sobra conocido: el proceso no se completó y varios titulares de fincas, disconformes con la forma y el fondo (económico), impugnaron su expulsión de Las Aletas y ganaron el litigio ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Luego la Junta se olvidó recurrirlo ante el Tribunal Supremo (ya en casación) y desde hace un año tenía pendiente la aplicación de la sentencia: la restitución de los bienes enajenados incorrectamente y, en su caso, el inicio de un nuevo expediente expropiatorio.

Resumen: 38 meses a vueltas y vuelta a empezar. O casi. Ahora el trámite está en manos de la Empresa Pública de Suelos de Andalucía (EPSA), perteneciente a la Consejería de Vivienda, y la relación definitiva de afectados en esta segunda tanda se conoció esta semana: quince propietarios (uno con tres fincas) y Dehesa Norte y la familia Derqui, los dos grandes concesionarios, que, además, tienen otro litigio abierto con la Dirección General de Costas en el que reclaman la titularidad legal del suelo (casi 340 hectáreas de las 527 totales del área de reserva).

Este nuevo listado es, como se advierte, bastante más reducido que el primero porque sólo se ha reabierto el proceso expropiatorio para los dueños de fincas con los que no hubo acuerdo. El resto, una veintena, ha quedado inicialmente fuera porque con ellos sí se pactó la salida y una compensación de 3,5 euros y 17,6 euros por metro cuadrado (según fuera terreno rústico o diseminado), así como la entrada en una Vivienda de Protección Oficial. El pago ya se ha realizado, pero los inmuebles aún no se han entregado porque pertenecen a una promoción pública en Casines (Puerto Real) que se encuentra paralizada por problemas de la constructora DHO.

Pero lo más llamativo de esta nueva tramitación es que la Junta pretende expropiar algo que, legalmente, todavía es suyo. Salvo Dehesa Norte y Derqui, las 17 fincas afectadas son, en la actualidad, una única en el Registro de la Propiedad: la 28.465. Y tienen un único dueño: la propia EPSA. Esto se debe a que la expropiación se ejecutó completamente pese a la falta de acuerdo y todos los terrenos se aglutinaron bajo una única inscripción registral.

Fuentes legales mostraron su extrañeza por esta forma de proceder, ya que entienden que, previamente a la reapertura de las enajenaciones, habría que haber restituido (devuelto) las fincas a sus propietarios. "Para poder expropiarnos, primero tenemos que ser propietarios de algo y a día de hoy los antiguos propietarios no tenemos nada en Las Aletas", asegura un afectado.

La importancia de este orden de tramitación va más allá de lo puramente administrativo, ya que la Junta debe retornar las fincas en el mismo estado en que las recepcionó y, en caso de cambios o desperfectos, el dueño original puede interponer una demanda de reclamación de daños y exigir compensaciones por los desperfectos o las modificaciones sufridas en este periodo. A priori, estaban ya previstas dos actuaciones: en primer lugar, la reforma de la finca La Cerería para acoger la sede del Consorcio Aletas, proyectada hace ya un año por el arquitecto sevillano Antonio Tejedor; y, en segundo lugar, el análisis del terreno y la construcción de terraplenes previos a la urbanización del suelo, licitado en noviembre pasado y cuyo inicio estaba programado para el pasado mes de febrero.

Los retrasos son obvios y el único bloqueo actual es el plan de expropiaciones, que la Junta ha tramitado por la vía de la urgencia, según explicó el vicepresidente del Consorcio y consejero de Empleo, Antonio Fernández. Además de advertir de que "la Junta no hará rico a nadie", el político jerezano adelantó que las enajenaciones se harán al amparo del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, en el que se contempla esta fórmula de intervención cuando se trata de un proyecto de interés público. Con esta tramitación rápida, Fernández estimó entonces que "entre junio y septiembre" podrían "tomar posesión" finalmente de los terrenos, ya que los plazos "sólo dependen de las notificaciones y de los edictos" y no está condicionado al acuerdo con los afectados.