El Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Cádiz ha condenado al Ayuntamiento de El Puerto a indemnizar a un vecino por los ruidos que provocó la Motorada de 2005, la concentración de motos que se produce durante el fin de semana del Gran Premio de Jerez. La cuantía fijada es de 4.500 euros (1.500 por cada uno de los días de celebración) y el beneficiario será José Peña Argudo, un conserje municipal ya jubilado que vive en uno de los pisos del bloque de Pescadería, situado junto a la avenida de Bajamar, uno de los principales puntos de concentración del evento. Ésta es la segunda sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar una indemnización a un vecino por las molestias que ocasiona esta concentración.

Tras la edición de 2005, José Peña presentó una denuncia tras su celebración que se ha resuelto dos años y medio después. El Juzgado de lo Contencioso entiende que el "ruido de infarto" que provocó la concentración motera pudo afectar a su dolencia cardiaca, junto a otros daños de orden psíquico como "ansiedad, angustia, inquietud, frustración, fastidio, irritación y temor", según informa la Agencia Efe.

Para el tribunal, los dos bandos municipales que regulaban la concentración y que fueron realizados por el entonces alcalde, Hernán Díaz (IP), fueron "notoriamente insuficientes" para controlarla, "en especial en lo que respecta a los niveles de contaminación acústica de la zona centro".

Durante el fin de semana del Gran Premio de Motociclismo del Circuito de Jerez, El Puerto se convierte en uno de los principales puntos de concentración de moteros. La Ribera del Marisco y la avenida de Bajamar son los emplazamientos con una mayor afluencia de personas durante ese fin de semana.

La sentencia se basa en informes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de la Consejería de Medio Ambiente, que tildan de "intolerables" los ruidos que genera, por lo que los derechos a la salud y al descanso de los vecinos de la zona son vulnerados, según establece el Juzgado de lo Contencioso gaditano. Es más, culpa al Consistorio de "pasividad" para no poner freno a los desmanes puesto que hay informes policiales y técnicos que señalan que no hubo control de "los vehículos y las numerosas infracciones que cometían".

La sentencia señala que la Motorada es "una fiesta que carece de raíz o arraigo histórico o popular" lo que no es óbice para que algunos residentes se vean "obligados a mudarse" durante esos días. Según el tribunal, "no han servido para nada" las reclamaciones realizadas por otras administraciones y por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para poner coto a este evento.

José Peña expresó ayer su satisfacción por el pronunciamiento del tribunal señalando que "una ciudad no se puede cerrar para que vengan los moteros y hagan lo que quieran". "Durante los días de Motorada esto es una ciudad sin ley" agregó. El indemnizado ha sido asesorado en el proceso por la Asociación de Juristas Contra el Ruido de Andalucía.

Esta sentencia tiene un precedente. En 2005, el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) obligó a pagarle 769 euros por "daños morales" a un residente, José Antonio Navalón, por la Motorada de 2001. Éste también había sido asesorado por la Asociación de Juristas Contra el Ruido de Andalucía. El Tribunal Supremo ratificó el año pasado la condena al Consistorio. A resultas de esta decisión, el Ayuntamiento se replanteó la celebración de este evento para la edición de 2006. En este sentido, se decidió cerrar al tráfico todo el entorno de la Ribera del Marisco y avenida de Bajamar. Hasta entonces se había permito el paso de motos por esta zona con total impunidad, provocando que se convirtiera en un punto proclive para exhibiciones y acrobacias.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento no hubo ayer un pronunciamiento oficial alegando que aún no se tiene constancia de la sentencia. El alcalde, Enrique Moresco (PP), era durante la Motorada de 2005 concejal de Cultura con IP.

El Ayuntamiento tiene posibilidad de recurrir la sentencia ante el TSJA.