El caso Uniformes que se juzga estos días en la Audiencia Provincial de Cádiz investiga cuestiones relacionadas con la gestión realizada en el Ayuntamiento de Rota por el gobierno de coalición entre Roteños Unidos (RRUU) y el Partido Popular (PP) que se prolongó durante 12 años. Sin embargo, ayer, en el útimo día de declaración de los testigos, el protagonismo se lo llevó por duplicado el Partido Socialista. Sí, por duplicado. Primero porque el ex regidor socialista Domingo Sánchez Rizo reconoció que en su etapa al frente del Ayuntamiento (1999-2003) su gobierno también contrató con empresas del sector textil supuestamente vinculadas a su sucesor en el cargo, Lorenzo Sánchez Alonso, y ello a pesar de haber una serie de incompatibilidades que eran advertidas por el secretario general del Ayuntamiento. Y en segundo lugar porque la acusación popular en este caso Uniformes, que ejerce el propio PSOE roteño, decidió a última hora, y ante la sorpresa de muchos, retirar los cargos contra el secretario general del Ayuntamiento roteño, Juan Carlos Utrera Camargo.

Hoy está retirado de la política pero durante más de una década Domingo Sánchez Rizo fue el líder del PSOE roteño. En concreto, fue concejal en la oposición de 1991 a 1999, alcalde de 1999 a mediados de 2003 y después de nuevo edil en la oposición, hasta que en mayo de 2004 fue nombrado delegado provincial de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz. Luego vendrían más cargos autonómicos tanto en la capital gaditana como en Sevilla. Ayer, a preguntas de la defensa de Lorenzo Sánchez, Domingo Sánchez Rizo reconoció que en su etapa como alcalde también se cerraron contrataciones de suministro de uniformes y material laboral a la empresa Epis Rotasur de la que, dijo, sólo había constancia de que la administradora única era Rosario Pacheco, esposa de Lorenzo Sánchez.

El ex regidor socialista precisó que él sí era consciente de que nadie de su gobierno podía contratar desde el Ayuntamiento con empresas de su entorno personal, porque el secretario les recordaba que era algo incompatible. Y Sanchez Rizo apostilló que los contratos con Episur se suspendieron en la etapa en la que Lorenzo Sánchez fue socio de gobierno del PSOE (de junio de 2000 a octubre de 2001) para retomarse los mismos con posterioridad a la ruptura de este acuerdo de gobierno.

Pero esta explicación se quedó en nada cuando el abogado Manuel Hortas, defensor, entre otros, de Eva Corrales y Antonio Peña, hizo que le mostraran a Sánchez Rizo un acuerdo de junta de gobierno de cuando él era alcalde y gobernaba con RRUU en el que se incluía otro contrato con Epis Rotasur. El ex alcalde socialista no supo explicar cómo se cerró ese acuerdo si, como él decía, era conocedor de esa supuesta incompatibilidad.

Del mismo modo, Hortas expuso durante la sesión de ayer que el Ayuntamiento de Rota facturó a Epis Rotasur en los ejercicios de 2000 y 2001 facturas por 25.000 y 24.000 euros, respectivamente, que, añadió, son "cantidades similares a los ejercicios posteriores".

Estos contratos suscritos entre 1999 y 2003 en ningún caso pueden ser ya juzgados porque cuando el PSOE roteño presentó en 2012 la querella de este caso Uniformes, esos hipotéticos delitos de la anterior etapa de gobierno socialista, si realmente hubieran existido, ya estaban prescritos.

En cualquier caso, ayer se conoció también, porque así lo confirmó Sánchez Rizo, que un ex concejal del PSOE, Enrique Almisas, abandonaba igualmente las sesiones de la junta de gobierno cuando se aprobaban contratos con una empresa de su propiedad dedicada a impartir cursos de formación. Y también se supo que en agosto de 1999, cuando el PSOE ya gobernaba en Rota en solitario y buscaba un pacto con Roteños Unidos, el gobierno de Sánchez Rizo, a instancias del ex concejal Felipe Márquez, aprobó una ordenanza por la que se declaraba deinterésmunicipal a la empresa Epis Rotasur, por el empleo que creaba en la ciudad.

La otra noticia de la sesión de ayer la protagonizó Daniel Manrique de Lara, abogado de la acusación popular y a la sazón primer teniente de alcalde del actual gobierno municipal del PSOE en Rota. Manrique de Lara sorprendió a muchos cuando ayer anunció que retiraba los cargos contra el secretario general del Ayuntamiento, Juan Carlos Utrera Camargo. Si antes del juicio el PSOE pedía para él una pena de un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas continuadas, ayer retiró todos estos cargos porque, según Manrique de Lara, "se ha demostrado que cumplió en todo momento con sus obligaciones".

Este cambio de postura de la acusación popular se produce después de que en su declaración ante el tribunal de la semana pasada Utrera Camargo abriera distancias con los diez concejales y ex concejales de PP y RRUU que están siendo juzgados en este caso. Utrera vino a decir que estos cargos públicos, en contra de lo afirmado por ellos mismos, sabían que tenían la obligación de declarar las sociedades de las que formaban parte, y que igualmente abandonaban a instancias suyas las reuniones de las juntas de gobierno en las que se abordaban cuestiones relacionadas con estas entidades mercantiles.

En cualquier caso, Juan Carlos Utrera sí sigue estando acusado por el Ministerio Fiscal, que aprecia en él sendos delitos de prevaricación continuada (en grado de autor) y gestión interesada (en grado de cooperador necesario), por los que pide para él una pena de cinco meses de prisión y 12 años de inhabilitación especial.