La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo considera que la reforma energética que está acometiendo el Gobierno central "pone en peligro" el empleo asociado a las energías renovables en la provincia de Cádiz que, según estimaciones de la Agencia Andaluza de la Energía (entidad adscrita a la Consejería de Economía), rondan las 3.000 personas, entre puestos de trabajo directos e indirectos. Asimismo, las empresas que ejercen actividades vinculadas con el sector energético son aproximadamente 100 compañías en el caso de la provincia gaditana.

Así lo estimó, en declaraciones a este periódico, la delegada territorial de Economía en Cádiz, su titular, Angelines Ortiz, quien explicó que las medidas adoptadas por el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, "no contribuyen a recuperar el impulso energético ni a avanzar hacia un modelo energético saneado, que atraiga inversiones y permita salir de la crisis económica".

Así, la Junta cree que esta nueva normativa es "una continuación de medidas aisladas, de carácter claramente recaudatorio, que no atajan el problema del sistema energético en su conjunto, sino que se centran, fundamentalmente, en el déficit tarifario como única cuestión". Por esto, Ortiz reprobó las consecuencias de esta política energética que "siempre deben asumir las partes más débiles de la cadena, es decir, la ciudadanía andaluza y gaditana en su conjunto. Una vez más, a pesar del delicado momento económico que atravesamos, las medidas estatales merman la competitividad económica de los hogares y de las empresas del sector, un centenar en el caso de Cádiz, que verán incrementada su carga económica".

Según datos de la Administración autonómica, la provincia de Cádiz contribuye con más del 25% a la potencia renovable para generación de electricidad en Andalucía. Esta reforma, subrayó la delegada de Economía en Cádiz, "pone en peligro este desarrollo y, especialmente, el desarrollo eólico". La provincia gaditana cuenta ya con 1.310 megavatios (MW) de energía eólica, siendo la provincia española pionera en este tipo de energía. Su potencia supone el 40% sobre el total de potencia eólica instalada en toda la comunidad autónoma andaluza.

"Además, si nos referimos a la energía solar en nuestra provincia, la afección negativa de esta reforma también es grande", según Angelines Ortiz. Es el caso de las plantas termosolares que se han ido construyendo en la provincia y que actualmente están en funcionamiento en el término de San José del Valle, generando energía eléctrica suficiente para abastecer a unos 80.000 hogares. Estas instalaciones aportan una potencia termosolar en funcionamiento de 100 MW y, según cálculos de la Agencia Andaluza de la Energía, evitan con la electricidad generada la emisión de 91.300 toneladas de CO2 anuales.

El director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez, indicó a este periódico que "estamos empezando a conocer la letra pequeña de esta normativa y se vislumbra un panorama de fuertes recortes para el sector empresarial y un incremento del gasto en la factura eléctrica de los ciudadanos. A la decisión del Gobierno de España de eliminar en los Presupuestos Generales del Estado las partidas y programas de impulso de políticas de ahorro, eficiencia energética y energías renovables, se ha unido esta semana la propuesta de real decreto que regula la producción de energía eléctrica para el autoconsumo".

Según Márquez, "con esta normativa se incrementa la parte fija de la tarifa eléctrica, independientemente del consumo que se haga. Sin embargo, ya pagamos el término de potencia, que es la disponibilidad de utilización de la red, consuma o no electricidad. Por tanto, desincentiva el ahorro y la eficiencia energética, echando por tierra todas las políticas de ahorro y eficiencia energética que se han llevado a cabo estos últimos años".

A partir de ahora, a su juicio, "vamos a pagar por la electricidad que se genera y se autoconsume, el denominado peaje de respaldo. Este peaje viene a imponer un gravamen con una media del 25% del kilovatio hora. Es decir, en una red interior de energía eléctrica (propiedad del consumidor), el hecho de que se grave el autoconsumo de una generación que uno genera es una clara aberración, pues no se está usando la red general. Todo ello supone que estos gravámenes dejan sin rentabilidad las instalaciones de autoconsumo".