La Relación de Puestos de Trabajo que elaboró el Ayuntamiento de La Línea y que fue aprobada en pleno en diciembre de 2013 pasará mañana por el juzgado, ya que la Junta de Andalucía considera ilegal la fórmula por la que optó el Consistorio para mantener los 408 euros en concepto de pluses lineales después de que la Cámara de Cuentas también los considerase ilegales.

Esta noticia la conocieron el martes los trabajadores municipales, pero la Junta trasladó su criterio, que estimaba que la RPT era ilegal, al Consistorio el pasado mes de julio, cuando llegó al departamento jurídico del Ayuntamiento. La alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo, dijo ayer que espera que la nueva RPT, demandada sobre todo por los sindicatos CSIF y SPLL, esté lista "en una o dos semanas".

"Quiero mandar un mensaje de tranquilidad y de calma porque la nueva RPT ya está prácticamente terminada y espero que si no es la semana que viene, la próxima sentarnos ya a negociarla con los sindicatos. El juicio plantea que se haya reducido ya la masa salarial y este es un objetivo que hemos conseguido; por lo tanto espero que lo antes posible podamos cerrar y dar carpetazo a este asunto, que sé que da cierta inseguridad, pero como equipo de gobierno lo que siempre hemos antepuesto es el mantenimiento de estos 408 euros, porque lo fácil hubiese sido eliminar esta cantidad. Pero sabíamos que aunque fuese a través de un camino más largo era un camino que le daba mayor seguridad y tranquilidad a los trabajadores", indicó la alcaldesa.

En su día Izquierda Unida y Partido Popular se opusieron a la aprobación de esta RPT. Ayer el PP recordó que la decisión de calificar estos 408 como complemento personal transitorio "tuvo los informes contrarios del interventor y del secretario general municipales" y sospecha que la nueva RPT "se llevará pronto a sesión plenaria, pero empujada por la Junta, a destiempo y obligada por las circunstancias, tal y como se ha venido haciendo todo desde éste gobierno socialista-andalucista, mostrando una falta total de previsión".

CSIF estimaba que el planteamiento más factible por parte del equipo de gobierno era recibir esos 408 euros de forma prorrateada en las nóminas futuras.