El Ayuntamiento de La Línea procedió ayer, por fin, a la readmisión de los dos primeros extrabadores de la empresa municipal de comunicación (Somdeco) como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una sentencia que había sido desoída de forma repetida por el equipo de gobierno. Jesús de Luna y Martín Franco forman parte desde ayer de nuevo de la plantilla municipal, a la que hoy se reincorporará Ana López Pomares. El cuarto beneficiado por esta decisión judicial, Dani Rodríguez, ha renunciado a este derecho porque ya disfruta de un puesto de trabajo en una empresa privada de Gibraltar, aunque reclama los salarios de tramitación, a los que tiene derecho.

El 16 de noviembre del pasado año este periódico desveló que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había desestimado el recurso de suplicación presentado por el Ayuntamiento de La Línea contra la decisión del Juzgado de lo Social de Algeciras, que le había obligado a readmitir al exdiretor de la Radio Televisión Municipal, Dani Rodríguez, y a tres empleados más -Jesús de Luna, Martín Franco y Ana López Pomares- aunque emparándose en argumentos muy diferentes.

A pesar de que el teniente de alcalde, Francisco Espada, sostuvo que el Consistorio no tendría que cumplir esa sentencia, ayer el concejal bajo el que está amparada el área de medios de comunicación, Javier García, recibió a De Luna y Franco, a los que aún no ha asignado una función concreta. La incorporación de López Pomares está prevista para hoy.

En caso alguno los afectados, que han pasado casi tres años de travesía en el desierto -en la que siguen una veintena de sus compañeros- han percibido los salarios de tramitación, aunque el Ayuntamiento ya ha realizado las modificaciones presupuestarias pertinentes por valor de algo menos de un millón de euros.

Antonio Flores, portavoz del colectivo de exempleados que no tienen visos de ser readmitidos de momento, explicó que estos esperan la decisión del juez Juan Antonio Boza tras la vistilla celebrada el pasado día dos. "Lo que nuestra abogada solicitó que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del veintidós de mayo de 2012, que condenaba al Ayuntamiento a nuestra readmisión y al pago de los salarios".