"El Gobierno debe a los contribuyentes la seguridad de que no se producen gastos innecesarios en cualquier momento". Con esta frase pretende el Ejecutivo de Fabián Picardo zanjar la polémica generada por la prohibición de las horas extras no esenciales, discutida por el sindicato de la función pública y por la oposición.

En realidad, argumenta el Gobierno, no ha cambiado nada. No ha habido ninguna prohibición respecto a las horas extras generales, las esenciales. Se continúan aprobando con normalidad. Sí se rechazan las que no son necesarias para evitar un gasto superfluo.

"El Gobierno ha trabajado en estrecha colaboración con Unite the Union en el tema desde el 5 de diciembre. El respeto y el apoyo del Gobierno a los servicios públicos se ha demostrado a lo largo de los últimos cuatro años. Siempre que sea posible se han producido mejoras significativas en las condiciones de trabajo, específicamente en la introducción de la nueva administración pública y en las horas de trabajo y en los aumentos salariales anunciados en la última sesión presupuestaria", explica.

Sobre que las horas extras no esenciales se encontraban presupuestadas, el Ejecutivo explica: "Durante décadas existe una 'leyenda urbana' dentro de los servicios públicos, que si los departamentos no alcanzan el tope del límite de gastos presupuestados para el inicio de un ejercicio a finales de ese año, sus presupuestos para el ejercicio siguiente no serían aprobados". "El 5 de diciembre 2015, el ministro informó a todos los jefes de departamento con el fin de disipar esta mito", finaliza la nota de prensa.