La partida de ajedrez que los barcos españoles y británicos juegan cada día en las aguas de la Bahía vivió ayer un nuevo movimiento, el enésimo de la semana. Esta vez la protagonista fue la patrullera de la Armada Cazadora (P-78), que navegaba por el lado Este del Peñón, en la zona que las autoridades de Reino Unido y la Roca definen como Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, y España no les reconoce, hasta que un barco de la Royal Navy apareció para censurar su presencia. La Cazadora se marchó sin plantear más problemas, pero el asunto no quedará ahí. El Gobierno de David Cameron elevará una protesta diplomática al de Mariano Rajoy a modo de queja por la presencia de la corbeta de la Armada española, cuya navegación junto a Gibraltar entiende que constituye una violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Un portavoz del Gobierno británico repitió, a preguntas de la GBC, el mismo discurso habitual del Ministerio de Asuntos Exteriores: las incursiones son una violación de la soberanía, no una amenaza para ella. Y, en consecuencia, deben tener una respuesta proporcionada. Es la segunda vez que Londres protesta esta semana. El miércoles el Foreign Office contabilizó dos. La primera se produjo el martes y fue protagonizada por un barco del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria española. El segundo fue el mismo miércoles y, según testigos presenciales, lo provocó el Tarifa (P64), un patrullero de altura que está integrado en la Fuerza de Acción Marítima de la Armada española, que tiene su base en Cartagena y cuyo principal objetivo es "la vigilancia, inspección y apoyo a la flota pesquera en pesquerías internacionales y en el caladero nacional".

Estas protestas del Foreign Office llegan después de que se hayan escuchado bastantes críticas en Gibraltar en contra del cambio de timón que parecía haber dado el Gobierno británico ante la presencia de barcos españoles en las proximidades de la Roca. De hecho, a raíz de que Londres considerara como "paso inocente" uno de estas incursiones, el Gobierno de Gibraltar advirtió hace unos días que ha solicitado asesoramiento jurídico sobre la definición de este derecho dadas las discusiones sobre el procedimiento utilizado actualmente.

En cualquier caso considera que estas incursiones constituyen a la vez una vulneración de la soberanía y un intento deliberado por parte de España de demostrar que ejerce su jurisdicción. Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad gibraltareñas vigilaban la presencia en la zona del buque oceanográfico Ramón Margalef, protagonista del origen de una de las últimas crisis entre los dos países hace ahora justo un año.