Los cambios de gobierno que se han producido tanto en España como en Gibraltar desde el pasado mes de noviembre han deparado un deterioro progresivo de las relaciones entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y el socialista de Fabian Picardo, aunque antes de ambos procesos electorales dichas relaciones ya no atravesaban por su mejor momento por el conflicto de las aguas.

El PP, tal y como era de esperar, introdujo cambios inmediatos en la política sobre Gibraltar al llegar a la Moncloa. Preso de lo esgrimido durante sus años en la oposición, el nuevo Gobierno decidió suspender el Foro de Diálogo tal y como éste fue concebido: en un formato a tres bandas entre España, el Reino Unido y Gibraltar.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió dar prioridad a los contactos bilaterales con Londres en relación a la soberanía, a sabiendas de que sus intentos por retomar estas conversaciones con el Gobierno de David Cameron serían infructuosos, como finalmente han sido.

Al mismo tiempo, esgrimió la posibilidad de dar continuidad a la cooperación local supeditándola a la inclusión, por otra parte necesaria, de las autoridades del Campo de Gibraltar, requisito que no ha sido aceptado ni por el Reino Unido ni por el Peñón, que no se niegan sin embargo a que dichas autoridades participen en las conversaciones dentro de la delegación española.

La reacción de Fabian Picardo ha sido dura, iniciando un conflicto pesquero al saltarse el acuerdo verbal que existe desde 1999 y que permitía hasta ahora a los pescadores linenses y algecireños faenar en las aguas en litigio.

Pero detrás de este conflicto pesquero hay mucho más, en concreto un movimiento táctico cuyo objetivo final es que se reconozca que Gibraltar tiene soberanía sobre las aguas que rodean al Peñón. Y es que el nuevo ministro principal, desde su llegada al número 6 de Convent Place el pasado diciembre tras vencer en las urnas al socialdemócrata Peter Caruana, quiere deslegitimar el Tratado de Utrecht, que sólo cedió al Reino Unido las aguas del puerto, y sacar a Gibraltar de la lista de colonias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el caso de que tuviera éxito, algo que se antoja no obstante muy complicado dada la histórica llamada del comité de descolonización de la ONU a Madrid y Londres para que busquen una salida bilateral al contencioso, el representante político de Gibraltar anularía precisamente cualquier proceso bilateral en este sentido y el derecho de retrocesión.

Volviendo al conflicto pesquero y al incremento de la tensión en las últimas semanas, el primero deparó hace unos días la ruptura de las negociaciones entre las autoridades gibraltareñas y los pescadores afectados, a los que acompañan representantes municipales de La Línea y Algeciras, por la prohibición de faenar, sustento de sus familias.

Para el Gobierno español, ésta fue la gota que colmó el vaso, y más aún tras confirmarse que el hijo menor de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Eduardo, y su esposa, visitarán Gibraltar el próximo mes de junio dentro de los actos conmemorativos del Jubileo de Diamantes, que marca los 60 años de la monarca en el trono. Dentro de esa visita, Eduardo de Inglaterra inaugurará la nueva terminal del aeropuerto, fruto de los acuerdos de Córdoba del Foro de Diálogo.

Dicho anuncio motivó que el Gobierno español elevara una protesta al del Reino Unido convocando al embajador británico en Madrid. Sin embargo, la ruptura de las negociaciones con los pescadores fue el detonante definitivo para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy fuera más allá y cancelase el viaje que la reina Sofía tenía previsto efectuar el viernes a Londres, donde asistiría a un almuerzo privado de la reina Isabel II en el Castillo de Windsor.

A través de un escueto comunicado de prensa, el Palacio de la Zarzuela confirmó la suspensión del viaje y añadió que la decisión había sido adoptada por el Gobierno al considerar "poco adecuadas" las actuales circunstancias.

Al día siguiente, el jueves, el Gobierno español intensificó de forma considerable los controles en la Verja, tanto en los accesos para entrar en Gibraltar como en la salida en dirección a España. En algunos momentos, los conductores afectados, en su mayoría españoles, tuvieron que soportar hasta dos horas de retenciones. Las colas llegaron a superar los dos kilómetros de longitud.

La tensión actual ha sido reflejada tanto por medios de comunicación españoles como británicos, algunos de los cuales han calificado de "desaire" la cancelación del viaje de la reina Sofía. Lógicamente, también los medios gibraltareños se han hecho eco de la actual situación. En el caso del Gibraltar Chronicle, el periódico sostiene que España quiere desviar la atención de los problemas económicos que afectan al país.

En cuanto al conflicto pesquero, la semana que viene hay previstas dos reuniones cuyo resultado es incierto.