El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), restó ayer importancia al hecho de que el Partido Popular de Cádiz no se haya pronunciado aún -al menos públicamente- sobre la decisión del juez de convocar juicio oral para analizar si el regidor local incurrió o no en un delito de prevaricación en la contratación del militante del PP Cristóbal Iglesias al inicio del mandato municipal. Algo que Gil atribuyó, nuevamente, a que se trata de "un hecho menor" y dijo confiar que quede resuelto en los tribunales. El Partido Andalucista, por su parte, tachó de "agresión" la expulsión de sus dos ediles del gobierno municipal por haber exigido la dimisión del alcalde mientras que el PSOE insistió en demandar la marcha de Gil.

Desde que trascendiera el pasado martes la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras de juzgar tanto a Gil como a Iglesias, desde el PP provincial no se ha efectuado valoración alguna pese a los reiterados intentos de esta redacción. Tampoco se ha emitido ningún tipo de comunicado ni ninguno de sus cargos orgánicos se ha pronunciado al respecto. Juan Andrés Gil aseguró que ni siquiera el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, le ha llamado para interesarse por el asunto. "Hasta la hora de hoy -ayer por la mañana- no ha habido ningún contacto ni creo que lo vaya a haber. No me ha llamado nadie. Lógicamente, en nuestro círculo local este asunto ha tenido una repercusión alta y se ha analizado, pero en el ámbito provincial un informe del fiscal usado para desprestigiar a un alcalde es una práctica habitual de la oposición. No le habrán dado mayor importancia porque no significa nada más", zanjó.

La Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público para el regidor tarifeño por un supuesto delito de prevaricación. A su vez, pide 10 años de inhabilitación para Iglesias, el beneficiario de un contrato laboral en el Ayuntamiento en perjuicio de otro empleado público que fue despedido.

El alcalde anunció haber redistribuido las concejalías tras la destitución de los concejales andalucistas Teresa Vaca y Juan Antonio Torán, en la jornada del miércoles, apenas una hora después de que hubieran pedido formalmente su dimisión.

Gil detalló que las competencias en Educación serán gestionadas por él mismo mientras que Asuntos Sociales pasará a manos de José María González (PP); Deportes será gestionado por Juan Carlos Escribano (PP), mientras que Fomento y Empleo ha sido delegado en Carlos Núñez (ULT). La distribución de los cargos ha sido ratificada mediante el correspondiente decreto de Alcaldía aunque estará en vigor apenas dos meses, dada la próxima finalización del mandato.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía por el Partido Andalucista, Sebastián Galindo, expresó ayer su repulsa sin paliativos al "ataque" que han sufrido los concejales andalucistas -en alusión a su fulminante destitución- por el alcalde de Tarifa "en un miserable intento de erosionar la convivencia y la higiene democrática que la sociedad demanda ante actuaciones como la denunciada por mí y que corrobora ahora el fiscal".

Galindo, que apoyó y reconoció el trabajo realizado por sus compañeros, aseguró que "nunca estarán junto a alcaldes desleales con el juramento en la toma de posesión del cargo". Le reiteró a Gil que los ediles del PA han sido "los únicos que han aportado transparencia, educación, dedicación, seriedad y cercanía" y que seguirán trabajando por el futuro de Tarifa y el bienestar de los tarifeños y no "en los asuntos cruciales de este gobierno".

El candidato andalucista mostró su confianza en que los tarifeños rechacen estos deplorables ataques "porque la vileza, la cobardía y la falta de respeto con la que ha actuado no puede quedar sin rechazar".

Finalmente, añadió que Vaca y Torán tienen todo el apoyo del PA de Tarifa y está convencido que "más que nunca son el mejor frente común contra estas conductas que día tras día vivimos y que son provocadas por los partidos nacionales: PP y PSOE, encubriendo a los dirigentes encausados y que exigen responsabilidad mutuamente que ellos no asumen cuando les toca".

Gil atribuyó la acción del PA a una maniobra electoral y lo tachó de "error estratégico", tal y como hiciera la víspera.

Los socialistas, por último, insistieron ayer en solicitar la dimisión inmediata de Gil. A través de un comunicado, el secretario general del PSOE de Tarifa, Francisco Ruiz, afeó que el alcalde considere su procesamiento judicial como un asunto menor. "Que el alcalde tache este asunto de baladí, no hace sino reforzar el poco respeto que Gil tiene tanto a los procesos judiciales como a los ciudadanos a los que pretende confundir refiriéndose a las graves acusaciones que se le imputa como un defecto administrativo menor", dijo Ruiz, quien recordó que el alcalde también tiene pendientes otros procesos judiciales por la contratación de los hijos de dos concejales del PP y por la supuesta venta de arena de Valdevaqueros a Gibraltar, por lo que demandaron nuevamente su dimisión inmediata. "Esto no es un hecho puntual. Es la manera de proceder de quién ha gobernado a Tarifa como si del dueño de un cortijo se tratara", remachó

Ruiz también valoró la ausencia de reacciones en el PP de Cádiz, lo que como un "silencio cómplice", y dijo tener dos lecturas: "O los responsables del PP provincial son unos flagrantes incumplidores de su propio código ético o simplemente no encuentran sustitutos entre la militancia del PP para suplir a los alcaldables de Tarifa y Facinas por lo que prefieren guardar silencio ante tan lastimoso asunto, y mantener en sus listas a estas dos personas sobre los que la Justicia se cierne como una auténtica espada de Damocles", sentenció el secretario local de los socialistas.