Solución de urgencia para desatascar el problema de la gestión del río Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 51 del Estatuto de Autonomía. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, decidieron ayer dejar en manos de la Comisión Bilateral Estado-Junta de Andalucía las medidas legales para salvar el escollo.

Según explicó el propio Griñán tras una reunión con Rodríguez Zapatero que duró poco más de una hora, esa comisión trabajará  a partir de la semana que viene -posiblemente el miércoles, dijo-  en el texto de un nuevo Real Decreto que sustituirá al Real Decreto de transferencias 1.166/2008, que está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) y que se ha visto directamente afectado por la sentencia del TC sobre el río Guadalquivir.

Griñán precisó que este nuevo decreto, que sería aprobado finalmente por el Consejo de Ministros, contendrá "una enmienda transitoria de gestión" del Gobierno central a la Junta de los recursos que se incluyen el Real Decreto de transferencias 1.166/2008 para garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad. El jefe del Ejecutivo andaluz destacó también que esta nueva norma estará vigente hasta que la comisión bilateral concrete "un nuevo modelo de gestión y la normativa que haya de ponerse en marcha".

Aunque no dudó en afirmar que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional dará lugar a "un trabajo complejo de arquitectura jurídica" para lograrlo, el mandatario andaluz se mostró convencido de que sobre los artículos 43 y 50 del Estatuto andaluz, "declarados plenamente constitucionales", Andalucía podrá conservar "la máxima capacidad de decisión" sobre la gestión del "gran río andaluz". Y se logrará, argumentó Griñán, "garantizando el principio de unidad de cuenca, la participación de las comunidades autónomas que, aunque de forma muy minoritaria, también discurren aguas del Guadalquivir, así como los principios incluidos en el artículo 51 (la planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas de protección del medio ambiente y las obras hidráulicas de interés general".

Preguntado sobre la fórmula para compensar los actos administrativos ejecutados durante la gestión de las competencias anuladas, Griñán -que quiso agradecer a Zapatero su "sensibilidad" sobre este asunto- insistió en que se producirá a través de la encomienda de gestión, que convertirá "lo que era nulo en un acto válido". "Eso hace hábiles todos los actos administrativos que se hayan desarrollado", subrayó.

En cuanto a los más de 700 funcionarios transferidos, el líder socialista andaluz dejó claro que "seguirán ejerciendo las mismas funciones, y serán de una administración o de otra, o de una administración compartida según la fórmula que obtengamos del procedo de negociación". "Nosotros queremos las competencias de la gestión del Guadalquivir en base a los artículos 50 y 42 del Estatuto andaluz. Lo que no sabemos es el instrumento jurídico capaz de hacerlo; decreto, ley o cualquier otro instrumento jurídico", reiteró.

Acerca de la posición del Partido Popular ante el acuerdo alcanzado con Rodríguez Zapatero, el máximo mandatario andaluz dijo que esperaba su apoyo, y adelantó que de inmediato informaría del mismo tanto a los dirigentes populares como a los de Izquierda Unida. Además, recordó que el próximo jueves comparecerá ante la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento andaluz la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, para aportar más información.

Sobre los contactos con las otras comunidades autónomas afectadas, el presidente andaluz señaló que sólo los ha tenido a nivel político, pero que, cuando se vaya a aprobar la nueva fórmula jurídica, los tendrá "en términos estrictamente jurídicos". En cualquier caso, en línea con lo que manifestó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, comentó que la sentencia no supone "un contencioso".