Andalucía

Salud atribuye la deuda del SAS a una financiación insuficiente

  • El PP-A dice que la Junta casi no tiene fondos para pagar las nóminas de su personal

Es bueno que quien tiene responsabilidades políticas de gobierno defienda su negociado aunque eso suponga, por una vez, alejarse de la roqueña disciplina de partido. No sólo es bueno: es la última reserva de credibilidad que les va quedando a los políticos. En España y en Andalucía. Algo así pasó ayer (de manera discreta, bien es cierto), en la Comisión de Salud del Parlamento. Preguntada la consejera sanitaria, María Jesús Montero, por los porqués de la deuda a sus proveedores, respondió sin ambages que eso tiene que ver con la "insuficiencia financiera crónica de los sistemas sanitarios". No con la crisis ni los recortes, que era el flanco que buscaba en su pregunta la diputada popular Amelia Palacios. Pero quedó muy claro que, tal como ve el asunto Montero (y con ella, muy probablemente los demás consejeros sanitarios de España), el Sistema Nacional de Salud está ofreciendo un servicio por encima de sus límites presupuestarios. Y eso tiene consecuencias.

Palacios habló de la existencia de una "crisis de liquidez" en la Administración sanitaria que estaría llevando a que el SAS "apenas tenga fondos para pagar las nóminas" y a una situación de endeudamiento con sus proveedores de productos y servicios.

Una vez despejada por parte de la consejera que esa situación no afecta a la factura de la prestación farmacéutica, cuyo pago está regulado por un convenio con los colegios de boticarios, sí reconoció que hay morosidad en los pagos a los proveedores de tecnologías y productos sanitarios, asunto que su patronal sectorial, Fenin, viene demostrando periódicamente con informes estadísticos y, sobre todo, con una cascada de sentencias judiciales ganadas.

Pero, para la consejera de Salud, esta situación no implica, como señaló la diputada Palacios, "una bancarrota, el principio del fin", de la sanidad pública. Ahí Montero se puso más seria y pregonó de una manera taxativa que "toda la acción de gobierno de la Junta se va a disponer para proteger las prestaciones sociales y muy especialmente al sistema sanitario público de Andalucía".

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