El progresivo adelgazamiento del fondo de reserva de la Seguridad Social desde 2012 ha llegado a un momento crítico. La llamada hucha de las pensiones puede quedarse vacía a finales del próximo año, poniendo una vez más en duda la viabilidad de un sistema cuyo futuro empieza a dilucidarse en reuniones informativas del Pacto de Toledo. En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones tiene clara su apuesta: un cambio de filosofía de un sistema que está "caducado", desligando el pago de las pensiones de las cotizaciones sociales, que es el modelo seguido hasta ahora.

Para García-Margallo esa sería la fórmula de futuro en una sociedad en la que la nómina de trabajadores es cada vez más escasa, con una natalidad en caída libre y una esperanza de vida en ascenso. En esas circunstancias "es obvio que si hay menos cotizaciones porque hay menos gente trabajando y más pensionistas la hucha se agotará". Y no puede plantearse una subida de los costes laborales, eso sería un "pecado" a juicio del ministro. Frente a esto, considera que hay que ejecutar un ramillete de medidas con políticas de natalidad, de empleo, aumentando la productividad y cambiando el modelo de financiación de las pensiones. Estas no dependerían de las cotizaciones, sino que pasarían a incluirse en el gasto social total del Estado y se pagarían, al igual que el resto de los servicios, con todos los impuestos. "A nadie se le ocurre cerrar las universidades porque las tasas de matriculación no cubren los costes", puso como ejemplo el ministro. Lo mismo debe ocurrir a su juicio con las pensiones: "Es una de las grandes reformas que hay que hacer y para la que es necesario que todos rememos en la misma dirección".

La otra gran reforma de la fiscalidad sería la de la financiación autonómica, eterno caballo de batalla entre el Gobierno y las comunidades. Un problema "heredado de Zapatero" y que no se ha abordado antes por la caída de la recaudación. Ahora, una comisión va a estudiar el cambio necesario, que tiene que resolverse "entre todos", no con pactos fiscales. La propuesta viene de lejos: el propio ministro entregó a Mariano Rajoy un informe hace dos años con su propuesta desarrollada.

Esa propuesta busca un control del "crecimiento desmesurado" del gasto público. Parte de la elaboración de una lista de servicios públicos esenciales, para fijar a continuación el umbral de gasto que "nos podemos permitir como país" para financiar esos servicios. Un umbral que "tiene que ser igual para toda España" y que sería abonado por la Administración central antes de empezar el ejercicio económico. ¿De dónde saldrían los fondos? La propuesta de Margallo pasa por dejar en las arcas estatales "los impuestos que están armonizados en Europa", como la renta que grava el ahorro y los rendimientos empresariales, Sociedades, IVA, el impuesto sobre derivados del petróleo. El resto de los impuestos y los precios impositivos se quedarían en las comunidades autónomas "para pagar lo que no sean servicios esenciales o permitirse niveles de prestación que no nos podamos permitir todos".

Esto no quiere decir, aseveró, que desaparezca el mecanismo de solidaridad entre regiones. "Tiene que haber trasvase de fondos de las regiones más ricas a las más pobres", destacó ayer el ministro, "o una nación es un entorno de solidaridad o no es nada". E hizo un último apunte; el sistema "no está hecho para resolver los problemas de Cataluña".