El real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado la semana pasada recoge la posibilidad de establecer un sistema de precios seleccionados a los medicamentos y productos financiables con cargo la Estado. Se da la circunstancia de que este precio seleccionado para el conjunto del SNS tiene paralelismos con la subasta pública de medicamentos que aprobó el Gobierno andaluz, si bien la norma autonómica está paralizada tras los recursos del Gobierno estatal elevados al Constitucional contra el decreto-ley de la Junta y la resolución que la desarrollaba, y un tercer cuestionamiento por la vía de lo contencioso-administrativo.

Según el articulado el decreto-ley nacional, el Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, tiene capacidad para proponer a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la aplicación del mecanismo de precios seleccionados. El decreto-ley de Mato recoge que el precio seleccionado tendrá una vigencia de dos años durante los cuales no podrá ser modificado, a la par que la aplicación de este sistema supondrá la exclusión de la financiación pública de aquellas presentaciones que no resulten seleccionadas, por el tiempo de vigencia del precio seleccionado.

La norma con la que la Junta esperaba ahorrar unos 40 millones con su primer procedimiento, recogía también una selección por convocatoria pública para los laboratorios que quisiesen presentarse al concurso con precios autorizados iguales o menores a los estipulados por el Ministerio. Además, en tanto que el decreto-ley de agosto de 2011 aprobado por el anterior Ejecutivo central ya contenía el establecimiento de un precio seleccionado para todo el SNS, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, José Martínez Olmos, propuso el pasado mes de marzo una moción en la Cámara Baja en la que pedía al actual Gobierno que impulsase un sistema de precio seleccionado similar a la subasta de fármacos, medida con la que estimaba un ahorro de 1.500 millones al año en todo el Estado.