El caso de la Operación Madeja en el que se incluye la adjudicación de la construcción y gestión del complejo deportivo Body Factory en Algeciras, será finalmente juzgado por el magistrado José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El juez, sustituto de Pablo Ruz, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el ministro socialista Francisco Caamaño, del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aún así, abogados de los imputados en Algeciras y fuentes jurídicas cercanas al magistrado no dudan de su imparcialidad a la hora de encarar un caso en el que están imputados los dos últimos exalcaldes de Algeciras, Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull, además de tres técnicos municipales.

La asignación al juzgado de la Audiencia Nacional se produce después de que el pasado día 9 del pasado mes de junio, la jueza Mercedes Alaya se inhibiera en su favor. La magistrada sevillana, hoy en la Audiencia provincial, seguía los requerimientos de la Fiscalía quien había solicitado dicha medida en el mes de febrero. La asignación de la causa ha quedado en manos del juzgado especializado en temas de corrupción como el que se hará cargo del encausamiento del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de lo que Alaya consideró una "organización jerarquizada que tendría como centro a la empresa Fitonovo" y donde "el Ayuntamiento de Algeciras figura entre las administraciones afectadas.

José de la Mata, gaditano de 54 años, ganó el concurso para sustituir al juez Pablo Ruiz al frente del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional frente a otros 18 jueces que presentaron su candidatura. Antes de ser director general y de ocuparse de la modernización de la justicia (es un firme defensor de la abolición de los papeles en los órganos judiciales) desde el año 2009 hasta el 22 de diciembre de 2011 fue magistrado de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el año 2013 presentó su candidatura a vocal del Consejo General de Poder Judicial, aunque no fue elegido por los grupos parlamentarios. También fue letrado del Tribunal Constitucional. Al menos permanecerá en la plaza de juez del número 5 en la Audiencia Nacional, hasta que regrese su titular, Miguel Carmona, que ejerce como juez de enlace con el Reino Unido.

Fuentes jurídicas citadas por varios medios nacionales, que "en tiempo récord ha puesto al día la sección; no se va a poner al servicio de nadie, es un hombre íntegro y honrado, que no se dejará vencer por su anterior cargo".

A esta versión se apuntan varios de los abogados consultados por Europa Sur que defienden los intereses de los cinco imputados por el caso del pago de mordidas en al construcción del complejo deportivo de El Calvario. Estos aseguran que tienen "una total confianza en la labor del juez, en su independencia" y que a pesar de tener que juzgar a cargos del mismo partido están seguros "de que no será ninguna circunstancia que influya en sus decisiones". Uno de los letrados aseguró a este diario que "conozco la trayectoria profesional del juez y tiene toda mi confianza en que pueda dictaminar lo que crea en conciencia".

Suyas serán las determinaciones que afecten a los dos últimos alcaldes socialistas de Algeciras, Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull. A este último, Alaya le acusó de "intervenir activamente, tanto mediante la emisión de informes técnicos como a través de la mesa de contratación en el concurso fraudulento de la primavera de 2010 para la concesión de la construcción y explotación del Polideportivo El Calvario de Algeciras" en favor de la empresa Fitonovo y por el que se le impuso una fianza de 1.117.440 euros de responsabilidad civil y a una acusación de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y asociación ilícita, los mismos delitos salvo el último, que los contemplados para su antecesor en el cargo, Tomás Herrera.

Fueron ellos quienes aceptaron unos pagos, siempre según el auto que en su día dicto la juez Alaya y sobre el que ahora deberá basarse la Audiencia Nacional, que alcanzaron una cantidad de 279.360 euros que fueron a las arcas del partido que en ese momento gobernaba el Ayuntamiento de Algeciras, el PSOE.

También están imputados tres técnicos municipales, José Álvarez, José Alberola y Javier Malla quienes también deberán hacer frente a las acusaciones de su participación en la realización y valoración de los informes por los que se decidió la adjudicación definitiva a la empresa Fitonovo y por el que están citados ante José de la Mata, en un juicio en el que están imputadas otras 95 personas de varias provincias españolas.