El pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó ayer, en su sesión ordinaria de octubre, las ordenanzas fiscales de 2015. De lo que más se habló, y se podía sospechar, fue de algo relacionado con las ordenanzas, pero que no figuran en ellas. Efectivamente: de si el gobierno local debe impulsar o no una nueva ponencia catastral. Las ordenanzas salieron adelante sólo con el voto afirmativo del PP porque de nuevo defendió en solitario que no se promueva una revisión general, al menos no sin garantías de que mejorará lo que se puede lograr con las actualizaciones. La oposición volvió a criticarle que no cumpla ahora la promesa que hizo en el pasado.

Lo que concretamente aprobó el pleno fue la modificación de las ordenanzas que cambian de cara a 2015, para bajar; el resto se mantiene igual que este año. El IBI mantiene el tipo en el 0,627%, lo que hará que se note plenamente, sin ningún efecto neutralizador, la disminución de los valores catastrales de un 22% autorizada por el ministerio de Hacienda. Se reduce también un 50% el traspaso de la licencia de apertura de negocios cuando éste mantiene su actividad y también las tasas de la utilización de las instalaciones deportivas.

El portavoz del PSOE, Diego Sánchez Rull, planteó al equipo de gobierno si no era más lógico también bajar las licencias de apertura en los casos de nuevos comercios, para ayudar al emprendedor. Luis Ángel Fernández, concejal de Hacienda, respondió que esos casos requieren de un trabajo técnico que se ha de pagar que no se da en los traspasos que se van a desgravar. La bajada de las tasas deportivas sólo las aludió Fernández para destacar que será "muy significativa".

Dicho de otra forma, salvo estas referencias, sólo se habló de IBI y de si ponencia general sí o no. La oposición, sobre todo PSOE e IU, apretó al equipo de gobierno: dijo que iba a realizar una nueva ponencia y ahora dice que no. Luis Ángel Fernández defendió que el IBI está bajando y que con las actualizaciones que ahora son posibles se puede conseguir el mismo efecto que persiguen los que demandan una revisión general. Es más, el edil reiteró que el gobierno local, si tuviera certeza de que una ponencia mejoraría lo que puede alcanzar con las correcciones, daría ese paso.

A Sánchez Rull; al portavoz de IU en ese punto, José Luis Alcántara; y al andalucista, José María España, no les convencieron esas razones. No fue lo que venía diciendo el PP desde 2009, remarcaron. Fernández resaltó que en 2009 no existía la herramienta de la actualización, con la que estima que en 2016 habrán bajado los valores catastrales un 41,5%, de lo que dudó la oposición.

Por otra parte, seguramente el otro punto más destacado en el orden del día fue la aprobación del documento de avance de una modificación urbanística que pretende evitar que en el suelo que hay delante del nuevo centro documental y el edificio I+D+I se puedan construir pisos. Lo que se plantea es cambiar esa edificabilidad a otra parcela y que la susodicha quede para dotación pública.

El PP sacó adelante el inicio de este procedimiento solo. La oposición se abstuvo: instó al gobierno local a tratar de alcanzar antes un acuerdo con la propiedad, la empresa Aldía, y evitar así posibles pleitos y perjuicios económicos. El concejal de Urbanismo, Diego González de la Torre, reconoció que se trata de una iniciativa que puede tener sus consecuencias, aunque también destacó que aún hay tiempo para negociar.