Algeciras se ha adherido al programa de ayuda a personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad, una iniciativa de la consejería de Fomento y Vivienda con la que la administración autonómica colabora en el abono del alquiler de los beneficiarios, familias que residen en una vivienda pública y que tienen problemas para hacer frente a ese arrendamiento.

La junta de gobierno local aprobó en su reunión del pasado 5 de septiembre esta adhesión y la consejería de Fomento y Vivienda comunicó ayer la firma del convenio con el Ayuntamiento algecireño.

La ayuda está destinada a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo que supone unos 11.200 euros netos al año, y que tienen dificultades acreditadas para el abono del arrendamiento. La ayuda está pensada para que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25% de los ingresos familiares. La dotación para toda Andalucía es de 4,3 millones de euros.

Los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.

Los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda. La subvención contribuirá al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la convocatoria.

En Andalucía los ayuntamientos adheridos a este programa son 26. El plazo para que se den de alta como entidades colaboradoras finaliza el 1 de octubre.

La consejería destacó ayer que "esta línea de ayudas persigue garantizar mediante alquileres asequibles el derecho a la vivienda de las familias con menos ingresos, en un contexto de fuerte desempleo y precariedad laboral, por lo que establece como requisito que las administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan en agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del correspondiente acuerdo y puedan así gestionar estas subvenciones".

"Este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas de titularidad pública que aún se encuentran vacías en Andalucía, al permitir a las entidades que mantienen inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler social, ya que es la Junta de Andalucía la que completa la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar", añadió la Junta.

"La medida también busca erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas", abundó.

La portavoz municipal de IU, Inmaculada Nieto, valoró ayer la firma del convenio entre la Junta y el Consistorio. Nieto manifestó que esto supone un paso más en las nuevas políticas que se están llevando a cabo desde la consejería de Vivienda de la Junta, "donde -resaltó- es indudable el acento de Izquierda Unida".

"Primero fue la ley de la función social de la vivienda, donde se plasmó el derecho a la vivienda frente a los intereses de los bancos, después el convenio andaluz en defensa de la vivienda y ahora un paso más en la protección de las familias que vienen pasando malos momentos económicos y no pueden hacer frente al pago del alquiler de su vivienda pública. Esta sensibilidad de la consejería de Vivienda y Fomento la echamos en falta en el Gobierno central de Mariano Rajoy", declaró Nieto.