El Gobierno turco aumentó ayer hasta un mes el periodo de detención provisional de sospechosos, para ser interrogados por la Policía antes de levantar acusación, en lugar de los cuatro días que regían antes del fallido golpe militar del pasado 15 de julio.

Según la nueva disposición, las reuniones de los detenidos con sus abogados podrán ser restringidas por las autoridades, que además podrán grabar y usar las conversaciones entre acusados y abogados. Sólo los cónyuges y los parientes de hasta segundo grado podrán visitar a los arrestados. Además, se decretó que el personal encargado de llevar a cabo las decisiones tomadas bajo el estado de emergencia no podrá ser responsabilizado por sus prácticas, y que por ello no se les impondrá ningún tipo de pena legal, administrativa o financiera.

Según el ministro del Interior, Efkan Ala, un total de 10.607 personas habían sido detenidas hasta el viernes por sospecha de estar vinculadas a la intentona golpista o a las redes del predicador islamista exiliado en Estados Unidos Fetullah Gülen, a quien el Gobierno acusa de haber orquestado la fallida asonada. Precisamente, la Policía turca detuvo ayer a Muhammet Sait Gülen, sobrino del polémico predicador. Sait Gülen fue arrestado en Erzurum, ciudad en el noreste de Anatolia, y enviado a la capital, Ankara, para ser interrogado, bajo sospecha de estar vinculado a los responsables del golpe, informó la agencia semipública turca Anadolu.

En su lucha contra los seguidores de este predicador, el Ejecutivo turco ha cerrado ya más de 1.700 centros privados, desde hospitales hasta universidades, por supuesta vinculación con las redes Fethullah Gülen.

Así lo afirma un decreto del Gobierno turco al amparo del estado de emergencia, publicado ayer en el Boletín Oficial. El documento puntualiza que se han cerrado 35 hospitales privados, 1.043 colegios y pensiones de estudiantes privados, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y 15 universidades privadas que pertenecen a, o tienen vínculos con, las redes de Gülen.

A éstas el Gobierno las llama Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ, por sus siglas en turco). "Todas esas instituciones cerradas pertenecen a la FETÖ, sin duda. No hay otro grupo afectado por esta decisión, y no lo habrá", dijo ayer el viceprimer ministro Nurettin Canikli, que añadió que esas propiedades serán gestionadas ahora por el Estado.