Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) extiende los tentáculos de la trama de mascarillas vinculada a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, a la comercialización de test de antígenos y pruebas PCR e incluye conversaciones sobre el “ok” que debía dar el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Son conversaciones mantenidas entre 2021 y 2022 entre “los 4 mosqueteros”, como se denomina el grupo de WhatsApp en el que participa Víctor de Aldama, uno de los empresarios detenidos como principales artífices de la red de presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas, con tres supuestos socios, que también fueron arrestados. Son César M.G, Javier S.C. e Ignacio D.T., vinculados a un laboratorio llamado Megalab, y en los chats interceptados por la Guardia Civil dejan constancia de sus gestiones para conseguir distribuir las pruebas PCR y por satisfacer los encargos que les hace un tal “Rubén” para realizar esa prueba, por ejemplo, a un teniente de la Guardia Civil o la “futura alcaldesa de Valdemoro”.

Estas tres personas mantienen otro grupo de WhatsApp denominado “Fertinvest” en el que, ya en mayo de 2020, dejan constancia de la primera adjudicación a “dedo” de un concurso por importe de 18.500 euros para pruebas serológicas por la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes.

El 20 de agosto de 2020, un mensaje en el grupo indica que Illa, entonces ministro de Sanidad, iba a hablar con “el de Canarias” para “darle en principio el ok”. Ese mismo día por la noche, Ignacio D.T. envía un mensaje en el que dice que “han aprobado desde sanidad el proyecto” y añade que acaba de hablar con Víctor de Aldama. Al día siguiente, el mismo interlocutor envía un audio en el que dice que le ha llamado su “amigo K”, al que la UCO identifica como Koldo García. “... y me ha dicho que todo ok, que todo hecho, que todo va a funcionar y que el lunes tengamos una jornada de trabajo para ver cómo se estructura todo”.

Pocos días después da cuenta de otra conversación con Koldo en la que planean entrar en el control sanitario de los pasajeros en los aeropuertos. Ya en noviembre, uno de los presuntos socios de Aldama vuelve a hacer referencia a ese “K” diciendo que le había pedido “ir a casa del jefe a hacer cuatro pruebas allí de antígenos”.

Meses después, en febrero de 2021, manda una imagen de una conversación con Víctor de Aldama y dice que “van a quedar con el grandullón en el ministerio para hacer PCR”. El título de esa imagen es “25 antígenos en el ministerio mañana por la mañana. Pagan”.

El informe de la Guardia Civil continúa con más conversaciones, en las que se preguntan, por ejemplo, “quiénes son los de la PCR de la tarde” y uno responde “director de la GC y la familia”. Según los mensajes recogidos en el documento, la directora del instituto armado habría ido en marzo de 2021 a hacerse PCR: “Yo no la he cobrado (...) me ha insistido un poco pero tampoco mucho (...), dijo uno de los empresarios.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo puso en libertad a un miembro de la Guardia Civil investigado en la causa por delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho, y que está destinado en la Embajada de España en Venezuela, acordando como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de pasaporte.

Fuentes jurídicas explicaron que R. V., que es consejero de Interior en Venezuela, declaró en el marco de una línea de investigación secreta sobre delitos relacionados con el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas. Otras fuentes apuntan a que ésta no es la única pieza secreta.