La Abogacía del Estado ha comenzado la elaboración de un informe sobre las videocámaras instaladas en la Ciudad Autónoma de Ceuta para determinar si las más de 50 cámaras ubicadas en la ciudad violan la intimidad de los ciudadanos.

Según ha explicado a los periodistas el jefe de Gabinete de la Delegación de Gobierno en Ceuta, Clemente Cerdeira, el proceso está "siguiendo los pasos que comenzamos a dar en su momento".

El informe, que se prevé esté en posesión del órgano gubernamental esta misma semana, será el paso previo a la elaboración del oficio que la Delegación del Gobierno tiene previsto remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a la Agencia de Protección de Datos para que actúe en consecuencia.

El informe se ha acordado después de una reunión de la Comisión de Garantías de Videovigilancia celebrada la pasada semana en Granada, tras las dudas producidas en determinados sectores como el PSOE sobre estas cámaras.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García-Arreciado, solicitó al TSJA la creación de esta comisión de vídeo vigilancia para tutelar y controlar el uso, archivo y destrucción de las imágenes de las cámaras ubicadas en la vía pública.

El PSOE ya denunció ante el TSJA la instalación de estas cámaras al considerar que las mismas invadían la intimidad de los ciudadanos.

La visión que con respecto a este asunto tiene el Gobierno autónomo es radicalmente distinta, ya que por parte de su portavoz, Yolanda Bel, se insistió que la instalación de estos aparatos de vigilancia no tenían otra intención que estrechar la vigilancia en el tráfico y, consecuentemente, dotar al mismo de una mayor seguridad. Tanto es así que ya algunas de estas cámaras están operativas aunque se espera por parte del gobierno local que el proyecto cubra las necesidades que tiene planteada la ciudad.