Europa tiene un problema en forma de pirámide derretida. A medio plazo el problema de Europa -entre otros muchos, pero éste también- se llama demografía. La población envejece a velocidades siderales. Nada que no se supiera, pero el tiempo marca la realidad. Hace unos meses la Fundación Economía y Salud presentó ante el Parlamento Europeo un estudio que demostraba que la atención a la dependencia suponía ya un 1,3% del PIB de la Unión Europea. No es tan extraño. Hablamos de veinte millones de personas en situación de dependencia, lo que incide, según cómo se maneje, de forma directa en el gasto sanitario y en la estabilidad del Estado de Bienestar.

Esta fotografía actual va a cambiar según la generación del baby boom, la generación nacida en los alegres 60, llegue a las franjas de edad en la que tendrán que recuperar lo que han cotizado en forma de medicinas, plazas hospitalarias, recursos de atención domiciliaria, geriátricos...

El plan de Europa es, básicamente, invertir los términos. Convertir la dependencia en un motor económico. España no va por ese camino. En una reciente conferencia en Córdoba, el ex ministro que parió la Ley de Dependencia, Jesús Caldera, abundó en una realidad: de las pocas cosas que ha cumplido Mariano Rajoy, algo de lo que no se ha desdicho tras su campaña electoral, ha sido en sus recortes a la dependencia.

El país tenía en diciembre del pasado año 50.000 plazas residenciales vacías y se calcula que existen 230.000 personas sin atender. El modelo ha estallado pese a no ser, ni mucho menos, uno de los más avanzados de Europa. La ratio europea de plazas geriátricas es de 7,5 camas por cada mil habitantes, frente a las 5,2 camas por cada mil de España. Y esto va a más.

Según la patronal europea del sector, ECHO, a España le faltan 31.251 plazas socio-sanitarias. Eso, sin contar, que muchas de las creadas por la Junta de Andalucía durante los años de bonanza están hoy desocupadas porque la administración autonómica no tiene músculo económico para concertarlas. Hay geriátricos prácticamente desertizados. Desde el pasado mes de agosto, ya va a hacer un año, los fallecimientos de residentes sólo se reponen por nuevos residentes en situaciones muy puntuales.

Curiosamente, mientras esto sucedía la Guardia civil realizaba una serie de operaciones en las que se criminalizaba a geriátricos asfixiados económicamente por fraudes de pequeñas cantidades en el uso de tarjetas de personas fallecidas, provocando, además, el deterioro de la imagen de un sector que cuenta con un altísimo índice de paro porque la ley de dependencia fue un efecto llamada para que miles de jóvenes optaran por los servicios sociales y de atención para su formación pensando en un horizonte laboral más o menos asegurado. Lo que durante años se vio como una oportunidad, sacando al mercado a miles de personas especializadas en atención a la dependencia se ha convertido en un gran pozo de desempleo al que se suman trabajadores que pierden sus empleos por la reducción de camas o que no cobran por la asfixia de empresas, muchas de ellas intrusas, que, con los parabienes de la Administración, se lanzaron a la construcción de geriátricos. En la provincia hay ya varios, uno de ellos en Cádiz, otro en Vejer, construidos y totalmente terminados, pero sin poder abrir sus puertas.

Y es que observando los datos comparativamente se descubre el impulso que realmente ha tenido esta actividad económica y que ahora se ha frenado en seco. Entre 2002 y 2010 la provincia pasó de tener 20 residencias concertadas a contar con 44 y de haber una precariedad absoluta de plazas, poco más de 800, a saltar a 2.352 plazas concertadas -las plazas totales son 5.247-.

El dato parece bueno. Supone un incremento de casi el 200%. Comparativamente no lo es tanto. Málaga y Sevilla han sido la provincias andaluzas más beneficiadas en esta década dorada de la asistencia con incrementos de un 729% y un 400%, respectivamente, si bien es cierto que la provincia de Málaga venía de una situación sumamente precaria con poco más de 200 plazas concertadas.

Para situarnos en una ratio europea, en una media, en la provincia de Cádiz, con 1.200.000 habitantes, tendrían que existir 7.461 plazas, es decir, faltarían por crear 2.214, lo que a día de hoy es una absoluta quimera. Si a esto se añade el bajo índice de plazas concertadas en comparación con otras provincias (un 45%) con unos niveles de 1,9 plazas concertadas por cada mil habitantes frente a las más de 3 por cada mil de Córdoba, habría que concluir que existe un largo recorrido para avanzar, crecer y crear empleo en el mundo de la dependencia en la provincia.

El sector no sólo son los centros, sino otras empresas que han proliferado y que se dedican a la teleasistencia (con 60.000 beneficiarios en Andalucía), ayuda a domicilio (más de 50.000) o centros de día y noche (11.000 usuarios).

Pero esto realmente no supone un ahorro para la Administración, ya que lo que no se gasta por un lado, se gasta por el otro, principalmente en camas hospitalarias, que tienen un coste mucho más elevado. Y esas camas hospitalarias es el destino como puerta giratoria de entrada y salida de buena parte de las más de 5.000 solicitudes pendientes de resolución (datos de principios de 2012 de la Consejería, ahora es posible que sean más) sobre dependencia en sus cuatro principales niveles. En esa fecha en la provincia había nada menos que 721 resoluciones a la espera sobre personas que afirmaban estar en situación de gran dependencia, es decir, de no poder hacer nada por sí mismas.

Lo curioso es que la Administración lo sabe. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social realizó un estudio en colaboración con la FAAD (Fundación Andaluza de Ayuda a la Dependencia)en 2011 sobre el impacto en la economía de la inversión en las diferentes fórmulas de atención a la dependencia. Frente a las ayudas a los familiares, de más difícil control sobre el bienestar del dependiente y de escaso impacto en la economía productiva, cada euro invertido en centros residenciales se multiplicaba por tres en el conjunto de la economía. Es decir, la Consejería aceptaba que las plazas que ahora es incapaz de reponer tenían un efecto económico dinamizador. En cuanto a su retorno fiscal, por distintas vías, siguiendo este mismo estudio conjunto, se demostraba que el 78% del gasto de una plaza concertada se recuperaba a través de los impuestos, la mayor parte a través del impuesto de sociedades, un 37%, pero sobre todo, y lo que es más importante, a través del 5,5% de las cuotas a la Seguridad Social del empleo que genera, sin contar el ahorro derivado de las prestaciones.

Nos encaminamos a una pirámide en la que en el horizonte de una década un 20% de la población será mayor de 65 años y o hacemos como algunos pueblos esquimales, que abandonaban a sus mayores en el hielo, o diseñamos modelos de asistencia que conjuguen el bienestar de nuestros yos futuros y su viabilidad.