La Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (Ajdepla) denunció ayer la "ilegalidad" del convenio firmado en septiembre de 2008 entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) referente al tráfico en el interior del recinto portuario.

La Ajdepla indicó que ha presentado un escrito ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz en el que se reclaman explicaciones sobre esta "invasión de competencias municipales" en materia de tráfico y solicitan se deje sin efecto de manera inmediata. "De no ser atendida la petición se verán en la necesidad de presentar recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa", señaló la asociación de policías locales.

El colectivo dijo que ya que se defiende que estos viales del puerto son de uso general de los ciudadanos de Algeciras y de los visitantes a la ciudad, y deben tener el tratamiento "normal" de una vía urbana, "por lo que la vigilancia y control del tráfico en ellos no corresponde ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a los trabajadores que la Autoridad Portuaria asigne al servicio de Policía Portuaria sino a la Policía Local de Algeciras".

Ajdepla, como asociación profesional, defiende que no todo es válido en el campo de la seguridad vial y que es imprescindible respetar las competencias de cada una de las instituciones, entre ellas la autonomía y competencias municipales y las funciones asignadas a los distintos cuerpos de seguridad. "Este convenio pretende dotar a los celadores-guardamuelles adscritos al servicio de Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras de potestades para la ejecución de controles de alcoholemia, asumir su participación en accidentes de tráfico (pese a carecer del carácter de Policía Judicial que en este ámbito sólo poseen la Policía Local y la Guardia Civil) y poder denunciar infracciones de tráfico en boletines de denuncia de la DGT. En definitiva, la Autoridad Portuaria pretende, mediante un simple convenio, revestirlos de potestades sancionadoras genéricas, similares a las que la Policía Local o la Guardia Civil sí poseen por Ley", manifestó la asociación, que añadió que de otro lado, las denuncias que no se formulen correctamente "podrían plantear problemas de conformidad a la Autoridad y del ejercicio a la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador, en suma, del que se deducirían perjuicios de difícil reparación".

En este sentido, Ajdepla quiso insistir en que mediante un convenio no pueden modificarse las atribuciones que ostentan cada una de las instituciones o cuerpos policiales, ni otorgarse atribuciones nuevas a quienes no las ostenten por mandato legal.

La asociación mostró, igualmente, su "profunda preocupación porque funciones tan importantes como la seguridad vial puedan estar en manos de empleados que, ni son funcionarios públicos ni su formación está dirigida a estos campos profesionales (recordemos que el servicio de Policía Portuaria debe ceñir su actividad a la salvaguarda del cumplimiento de la Ley de Puertos y de su propio Reglamento interno, pero nunca, a la vigilancia y control del tráfico). A cambio de las atribuciones que el convenio asigna al personal de la APBA, la Autoridad Portuaria ha financiado cuatro radares fijos instalados en un tramo de dos kilómetros en un vial donde la APBA asume que la siniestralidad "es casi cero", a la vez que facilita los datos de los conductores a la DGT para la formulación de las correspondientes denuncias por exceso de velocidad (vulnerando así la Ley de Protección de Datos), amen de que no corresponder a la DGT gestionar estas denuncias, puesto que, la competencia sancionadora de las infracciones por exceso de velocidad en el casco urbano, corresponde al Ayuntamiento de Algeciras".

Ajdepla indicó que no duda que el Ayuntamiento de Algeciras, "dado que se trata de materias que son incontestablemente de su competencia exclusiva", ayude a su defensa para lo que ha pedido una reunión urgente con el alcalde, Tomás Herrera. A su vez solicitará la intervención del propio Ministerio de Fomento, "contrario a estas prácticas". De igual manera invitó a los ayuntamientos de otras localidades afectados por idéntica problemática a que se sumen a la incitaba de defender su autonomía y competencias.

Ajdepla espera que por la "vía de la lógica" se pueda evitar recurrir un convenio, "que nunca se tuvo que poner en aplicación y que de manera burda y sin argumentos jurídicos, pretende aprovechar la similitud de los uniformes de la Policía Portuaria con la Policía Local, para asimilarlos también en sus competencias policiales. No en balde, el propio presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Manuel Morón, afirmó en la presentación del convenio con el ministro del Interior que ha sido un acuerdo que ha costado encajarlo jurídicamente".

Con la firma del convenio, el puerto de Algeciras se convertía en pionero a nivel nacional en materia de ordenación del tráfico. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó entonces que el acuerdo se antojaba "necesario" ya que existen dos kilómetros de carretera "que no estaba muy claro a quién correspondía en control de la seguridad vial". Rubalcaba se mostró partidario de exportar este modelo de Algeciras a otros puertos del Estado, una vez se había logrado encajarlo jurídicamente. El acuerdo conlleva que la Guardia Civil y la Policía Portuaria colaborarán para mejorar el tráfico dentro del recinto portuario. Tras la firma con la APBA, el ministró señaló que le correspondería a la Guardia Civil elaborar una serie de procedimientos para controlar la velocidad, las pruebas de alcoholemia y las medidas disuasorias para que se circule en el puerto con total seguridad.

Este diario intentó recabar ayer la opinión de la APBA y el Ayuntamiento de Algeciras sobre esta polémica sin éxito.