La federación ciudadana Fapacsa convocó ayer una rueda de prensa para trasladar su preocupación sobre la revisión catastral, el valor de las viviendas, las zonas más castigadas y las promesas que a su juicio se han visto incumplidas. "No estamos aquí por gusto, sino por necesidad", afirmó el secretario, Luis Martín, arropado en una rueda de prensa por numerosos representantes vecinales.

Martín quiso trasladar a la ciudadanía la necesidad de que conozca lo que está pasando y que opine para tomar medidas que promuevan una nueva revisión catastral para 2015, sin descartar en caso contrario posibles manifestaciones. En septiembre convocarán reuniones vecinales y empezarán a tomar decisiones.

Inició la rueda de prensa cargando duramente contra el equipo de gobierno anterior con Tomás Herrera (PSOE) al frente, que "infringió un duro castigo a los ciudadanos sin que nada hubiéramos hecho para merecerlo". En 2009 arrancó el problema con la valoración de los inmuebles aún por encima de la burbuja inmobiliaria, "se adelantó para recaudar dinero y quienes lo sufrimos somos nosotros".

Tras las multitudinarias manifestaciones, más de 5.000 personas, y una promesa del entonces alcalde de contraer el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante tres años "todo ha seguido igual". Algunas modificaciones de los tipos de gravamen, pero a la vista quedando las zonas de Los Pinos, la Colonia de San Miguel, altos de El Cobre, Getares y San García, como máximas perjudicadas. "Nos dicen que la subida fue del 168%, pero procuran no mencionar las zonas de la ciudad que experimentaron una subida del 300%".

En cuanto al gobierno actual del PP, recordó Martín que "en la oposición dijo que se ocuparía de desmontar ese catastrazo y nosotros les creímos y hemos hablado con ellos y nos han hecho promesas". Apuntó que estuvieron pendientes de que se hiciera la nueva revisión y conocer en qué iba a consistir a través del concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, puntualizando Martín que se dijo que bajaría un 25% el valor de los inmuebles. Sin embargo, como ya adelantó este diario la crítica también está en que no se diferencia entre el valor del suelo y el de los inmuebles, que después de haber subido un 300%, la bajada es muy pequeña en compensación.

Argumentó el secretario de Fapacsa que según el mercado inmobiliario el suelo ha bajado un 60% y sigue bajando, mientras que las edificaciones han sufrido una bajada de más del 40%, "no podemos admitir que se nos de café para todos".

Recordó Martín que en la reunión que tuvieron con Fernández en mayo salieron decepcionados. "El Ayuntamiento tiene facultades para que esa subida sea la que cree que beneficia a la ciudad, porque hay mucha gente con problemas económicos y no puede pagar el IBI". Insistió que el Ayuntamiento tiene "aún posibilidades de rectificar y pedir a Hacienda que este pueblo se trate de otra forma, porque sinceramente nos han entretenido y engañado porque nada de los prometido se ha hecho y han dejado que pase el tiempo".

Ante esta situación desde Fapacsa se ha decidido retomar el problema del catastrazo, queremos que el concejal de Hacienda "lo reconsidere y que vea que Algeciras no se puede conformar". Sostuvo además Martín que "cuando el PP ganó las elecciones estamos seguro que mucha gente les votó porque dijeron que iban a desmontar el catastrazo". Señaló también que no confían en que se les diga que solicitarían una revisión del suelo para compensar a las zonas más afectadas en el próximo año. "Creo que esta forma de actuar merece una respuesta por parte de los afectados y estamos abiertos a que los ciudadanos digan qué quieren, para que Hacienda se entere que Algeciras no va a soportar esto y si lo tiene que hacer porque están en el poder puede tener graves consecuencias, pueden ser manifestaciones, aunque aún no queremos decir nada".

Se añadió los problemas que se están dando en el caso de solicitar becas o de gente que renuncia a las herencias de inmuebles. Finalmente se estimó que esperan que en la distribución del IBI en los futuros recibos cuenten con las nuevas viviendas que no pagaban por no estar dadas de alta, estando unas 22.000 contabilizadas.