La decisión del Ayuntamiento de Sevilla de establecer un máximo del 10% de viviendas turísticas en zonas tensionadas no parece contentar a todos. Algunas voces han pedido al consistorio la revisión de la regulación de estos alojamientos turísticos, que establece en un máximo del diez por ciento el número de viviendas de uso turístico en las diferentes zonas de la ciudad. En concreto, señalan que la decisión de limitar el número de viviendas de uso turístico en un 10 % "carece de justificación técnica y comparativa con otras ciudades. Mientras que ciudades como Barcelona y Madrid mantienen porcentajes que oscilan entre el 1 % y el 7%, Sevilla enfrenta tensiones significativas en áreas como el Casco Antiguo, con porcentajes que superan el 18 %".

De hecho, el Ayuntamiento de Madrid anunció la semana pasada la suspensión del otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico mientras que trabaja en la modificación del Plan General, cuya aprobación se producirá en el primer trimestre de 2025. 

Según el secretario de Política Institucional de CCOO de Sevilla, José Carlos Lebrón, "es hora de priorizar el bienestar de la comunidad y evitar la expansión descontrolada del mercado turístico en detrimento de la ciudadanía". Lebrón ha advertido de que dicha regulación "ahondará en la pérdida de derechos de la ciudadanía, que ya sufren problemas como el acceso a una vivienda, la sobrecarga de infraestructuras o la alteración del comercio local" ya que considera que esta regulación "amenaza la calidad de vida de las personas residentes".

Por otro lado, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reclamado que las administraciones públicas hagan lo posible para evitar el vaciamiento de residentes de los centros históricos de las grandes ciudades. En un acto celebrado en Baeza con el título Turismo, Sostenibilidad y Cogobernanza, el representante de los municipios andaluces ha destacado "la fortaleza y la buena salud" de la industria turística y su importancia en la economía andaluza, aunque los participantes al acto han avisado de las crecientes tensiones existentes en los lugares con mayor afluencia de visitantes.

En Sevilla no se podrá superar el 10 % de viviendas familiares disponibles en cada barrio. Este umbral marcará la presión turística admisible y diferenciará tres zonas según la misma. Según Lebrón, "el aumento descontrolado de viviendas de uso turístico en Sevilla ha generado problemas que afectan a la calidad de vida desde la escasez de viviendas disponibles, carencias para el acceso de los jóvenes, sobrecarga de infraestructuras y la alteración del comercio local". En sus alegaciones a dicha regulación este sindicato plantea un plan especial de usos turísticos, la individualización de consumos comunitarios y la consideración de la vivienda turística como uso terciario con el objetivo de "garantizar la convivencia vecinal, promover la sostenibilidad ambiental y evitar la especulación inmobiliaria".