El informe que la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía entregó la pasada semana al juez Baltasar Garzón sobre la actividad de ANV recoge, fundamentalmente, datos sobre las relaciones de miembros de este partido con organizaciones del entorno de ETA como la ilegalizada Batasuna. Este informe con datos "de peso", según anunció el lunes la Fiscalía de la Audiencia Nacional, permitirá "acelerar" la investigación sobre los vínculos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Batasuna, lo que podría desembocar en la suspensión de actividades de este partido. Fuentes de la investigación indicaron a Efe que entre esos datos, recopilados como posibles indicios de que ANV se ha constituido en sucesor de Batasuna, figuran "encuentros" entre miembros de ANV y de la formación ilegalizada.

El informe elaborado a petición del juez de la Audiencia Nacional, que en abril abrió una investigación sobre ANV que permanece secreta, hace además referencia al respaldo que ha hecho este partido a las manifestaciones en apoyo a organizaciones del entorno de ETA o a los presos de la banda terrorista, así como en protesta por las detenciones de miembros de Batasuna.

Otros datos recopilados en este informe se refieren a las "no condenas" por parte de ANV a todos los atentados que ETA ha perpetrado desde la ruptura del "alto el fuego". El último episodio al respecto se vivió ayer en el Ayuntamiento de Pamplona, donde los dos concejales de la formación abertzale se desmarcaron del comunicado de repulsa del resto de miembros de la corporación por el asesinato de un guardia civil.

Mariné Pueyo, portavoz de ANV, se refirió al atentado como "estos hechos". Según dijo, todo se resolverá con un nuevo marco en el que se reconozcan "todos los derechos".

Para Pueyo, "las peticiones de condena a la izquierda abertzale buscan más la criminalización y la ilegalización del sector independentista que un esfuerzo serio y real para abordar las raíces del conflicto político".

En una legislatura marcada por los desencuentros continuos entre el Gobierno socialista y el PP en asuntos de Estado, que han derivado en una crispación que ha rebasado los muros del Congreso de los Diputados y ha llegado a la calle, el atentado de ETA contra dos guardias civiles en el sur de Francia sirvió para que ayer en la Puerta de Alcalá de Madrid las fuerzas democráticas empezaran a recobrar la unidad de acción en política antiterrorista, a través de una concentración ¡unitaria! que discurrió bajo el lema Por la libertad, para derrotar a ETA.

Pese a que la convocatoria no fue un éxito -poco más de cinco mil personas acudieron a la cita-, este nuevo acto criminal de la banda terrorista vasca tiene que ser un nuevo punto de partida para que el Gobierno dirija la lucha judicial y policial contra ETA con el apoyo de todos los demócratas, sin las divisiones que aún ayer persistían claramente entre los que gritaban "Zapatero dimisión" y "Zapatero no estás solo".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Foro de Ermua, que se descolgaron de la convocatoria, deben entender que su ausencia y sus condiciones para no estar presentes sólo sirven, en estos momentos, para fortalecer a ETA, que es el enemigo a batir. Para pronunciarse políticamente sobre la política antiterrorista del Ejecutivo, estas dos organizaciones y sus afiliados y simpatizantes, así como el resto de los españoles, tienen una cita con las urnas el próximo 9 de marzo.

Enterrado el proceso de paz, el PP, que ha apoyado este frente de protesta de forma casi incondicional, tiene ahora que hacerle ver que no cabe otra opción que apoyar al Gobierno en la lucha contra ETA, cuya amenaza para nuestra democracia crece cada vez que comete un asesinato. Si no lo logra, debería desmarcarse claramente -como hizo anteayer su secretario general, Ángel Acebes, cuando explicó por qué estarían en la Puerta de Alcalá, y descalificó el griterío como forma de expresión política- de comportamientos radicales, cargados de insultos que no de razones, que se cobijan bajo banderas del pasado.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en las inmediaciones de la Audiencia Nacional a quince personas relacionadas con la kale borroka que se encontraban en busca y captura. El juez Fernando Grande-Marlaska ordenó su detención cuando se dirigían al órgano judicial junto a sus abogados para entregarse después de haber escapado a la segunda fase de una operación contra la violencia callejera en San Sebastián el pasado 7 de noviembre.

Según Interior, tenían como misión realizar atentados mediante la confección y lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra las Fuerzas de Seguridad, edificios oficiales, sedes de partidos, entidades bancarias, estaciones y unidades de ferrocarril, transportes públicos y mobiliario urbano.

Además, l Audiencia Nacional ordenó ayer el ingreso en prisión provisional de 35 de los 41 procesados en la causa contra organizaciones del entorno de ETA, como Ekin, a los que ordenó detener el viernes tras condenarles a un total de 527 años de cárcel por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada. El tribunal ha dejado en libertad bajo fianza de 20.000 euros a los otros seis detenidos.