El titular del juzgado de Instrucción número 3 de La Línea, Serafín Mora Lara, ha acordado la apertura del juicio oral en el caso de los contrataciones supuestamente irregulares -114- que el Ayuntamiento llevó a cabo entre 1999 y 2000 coincidiendo con la llegada de Juan Carlos Juárez a la Alcaldía de la ciudad.

En esta causa constan como acusados Juárez, el concejal Manuel Aguilera, el ex edil Alfonso González Carbonell y los trabajadores municipales Vicente Lara y Gabriel García Pasto por supuestos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y contra los derechos fundamentales.

En el auto, emitido el pasado martes y al que ha tenido acceso Europa Sur, el juez declara además órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa al juzgado de lo Penal de Algeciras, y dictamina la notificación de esta resolución a los acusados, dándoles traslado de los escritos formulados por la acusación -Ministerio Fiscal, acusación particular de José Carrión Capilla y acusación popular del socialista Miguel Tornay González- y requiriéndoles la designación de abogado y procurador. Una vez designados, se les entregará a los acusados las actuaciones originales o fotocopias, tras lo cual tendrán cinco días para formular su escrito de conformidad o disconformidad con la acusación.

En este sentido, el titular del número 3 agrega que si los acusados no presentasen sus escritos en el plazo fijado, "se entenderá que se oponen a la acusación y el procedimiento seguirá su curso", así como que contra este auto no cabe recurso, "excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante este juzgado en el plazo de tres días, y si no fuere estimado, el de queja ante la Audiencia Provincial".

El Ministerio Fiscal les imputa a Juárez, Aguilera, González Carbonell, Lara y García Pastor un delito continuado de prevaricación para el que solicita la imposición de una pena de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público durante diez años.

En cuanto a las acusaciones particular y popular, en el caso del primer edil solicitan diez años de inhabilitación por prevaricación continuada de autoridad pública, seis años de prisión e inhabilitación absoluta de quince años por malversación de caudales públicos, y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delito contra los derechos fundamentales. La petición es la misma para el teniente de alcalde Manuel Aguilera, que en los años 1999 y 2000 era concejal de Personal.

En lo que respecta al ex edil de Medio Ambiente Alfonso González Carbonell, piden diez años de inhabilitación especial por prevaricación continuada y otros cuatro por delito contra los derechos fundamentales. Para Vicente Lara y Gabriel García Pastor, también solicitan diez y cuatro años de inhabilitación, respectivamente, por los mismos delitos.

El Ministerio Fiscal remitió su escrito de acusación al juzgado de Instrucción número 3 de La Línea el pasado mes de febrero. En el mismo, que fue adelantado en exclusiva por este diario, el fiscal desgranaba que, entre 1999 y 2000 y coincidiendo con la llegada de Juárez al Ayuntamiento bajo las siglas del Grupo Independiente Liberal (GIL), se llevaron a cabo más de un centenar de contrataciones "siguiendo un procedimiento irregular".

Según explica el fiscal en su escrito, los acusados que formaron parte del comité técnico de selección -todos menos el alcalde- "no siguieron ningún procedimiento legal o reglamentario para elegir y elevar al alcalde el listado de aspirantes idóneos para cada puesto, ya que las actas de selección no iban acompañadas ni del listado de aspirantes inicialmente remitido por el departamento de Fomento de Empleo, ni de la documentación acreditativa de los méritos aportados o las entrevistas mantenidas con los candidatos, a fin de justificar que los seleccionados y finalmente propuestos por el comité para ser contratados por el alcalde fueron elegidos sin vulnerar los principios de igualdad, méritos, capacidad y publicidad, llegando a proponer en varios casos a personas que no estaban registradas en el Club de Trabajo.

El Ministerio Fiscal continuaba diciendo en su escrito que, posteriormente, cuando Juárez recibía el acta levantada por el comité técnico con la propuesta concreta de aspirantes a contratar, "procedía a firmar el decreto que ordenaba su contratación, así como el contrato laboral de cada contratado. Y todo ello a sabiendas de que el proceso de selección seguido era contrario al ordenamiento jurídico y de que su resolución de contratar al candidato propuesto era contraria al principio de igualdad, capacidad y mérito, ya que suponía una lesión al interés de todos los demás ciudadanos aspirantes al mismo puesto. El alcalde llegó incluso a firmar algunos contratos para puestos de trabajo de categoría o grupo profesional distintos a aquel puesto para el que el acta de selección le proponía".

El fiscal añadía que, entre los criterios seguidos para realizar estas contrataciones, destacaban las relaciones de parentesco o personales y las políticas, ya que varios de los contratados habían intervenido en las elecciones municipales de 1999 como candidatos o interventores del GIL, "siguiendo en general un criterio de contratación a dedo".

114