Gibraltar

El Defensor acusa a Bruselas de "mala administración" por su silencio con los rellenos en Gibraltar

  • Maeztu reprocha la "pasividad" de la UE y pide al Defensor del Pueblo Europeo investigar los proyectos en la cara Este del Peñón

El conflicto que los grupos ecologistas, especialmente Verdemar-Ecologistas en Acción, y las administraciones españolas libran contra el Gobierno de Fabián Picardo por los rellenos en la cara este del Peñón de Gibraltar -la manera más sencilla de ganarle terreno al mar en un territorio tan escaso de espacio como la colonia británica- ha traspasado fronteras y aviva el debate sobre la pasividad con la que la Unión Europea observa el contencioso de Gibraltar, tanto a un lado como otro de la Verja.

Ahora el Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido, en una actuación de oficio, al Defensor del Pueblo Europeo para trasladarle la situación creada por el depósito de rocas y otros materiales que a juicio de la institución que dirige Jesús Maeztu "están produciendo afecciones y daños de carácter ambiental en una zona que fue declarada Lugar de Importancia Comunitaria" -LIC es la calificación que posee el espacio denominado Estrecho Oriental desde febrero de 2009-, según se recoge en el escrito que el Defensor ha remitido a su homólogo europeo, Nikiforos Diamandouros.

A grandes rasgos Maeztu critica la "pasividad con la que las autoridades comunitarias han tratado este asunto" habida cuenta de "la amplísima información existente" sobre estos hechos "al no exigir a las autoridades británicas la observancia de lo previsto en la normativa comunitaria de protección del medio ambiente". Según reza en el escrito enviado al Defensor comunitario, acusa a la Bruselas de "mala administración" y pide a su homólogo europeo que inicie una actuación de oficio porque "desde hace bastante tiempo", y "pese a las actuaciones y denuncias realizadas", la Administración gibraltareña viene autorizando el depósito de rocas y otros materiales con objeto de proceder a ejecutar diversos proyectos", como el denominado Eastside Project, Sovering Bay (o también conocido como Vantange Cape o Cabo Privilegiado).

Este proceso no se detiene y ello después de que "con toda lógica", valora Maeztu, "se haya prohibido el transporte de estos materiales por tierra a través del paso fronterizo existente en La Línea de la Concepción". Se siguen "burlando" las normas transportando materiales por vía marítima desde otros territorios, apunta la Oficina de Maeztu sobre la arena que llega del Sahara una vez que se denunció el paso de camiones con arena de la duna de Valdevaqueros, en Tarifa.

El Defensor andaluz explica que acude en esta ocasión al Defensor europeo porque las autoridades gibraltareñas "recientemente" han iniciado "los trámites para un nuevo contrato que tendría por objeto ampliar un muelle muy cercano al territorio español", circunstancia que puede provocar incidencias en la biodiversidad de este espacio.

Para Maeztu el Gobierno de Gibraltar actúa "habitualmente con gran oscurantismo y privando de la información necesaria a las autoridades competentes" así como a los grupos y ONG que velan por la protección del medio ambiente. E insiste que se actúa "con secretismo, sin la mínima transparencia" en un intento de eludir las medidas que necesitaría adoptar España o en su caso la Junta de Andalucía para proteger un espacio de especial riqueza medioambiental.

El argumento del Defensor del Pueblo Andaluz, a la hora de acusar a Bruselas de lavarse las manos en este asunto, es que, según se recoge en las Medidas de la Red Natura 2000, la protección y tutela de los valores ambientales de un territorio no se puede entender desde una perspectiva circunscrita a los "límites administrativos" del mismo, sino que habitualmente , "exige un esfuerzo de coordinación y leal colaboración entre las distintas administraciones territoriales", a fin de garantizar la congruencia de las intervenciones que se realicen y sus medidas de protección.

La queja que eleva a Europa ahora el Defensor andaluz es que un "proyecto de extraordinaria entidad" como el que pretende ejecutar Gibraltar hubiera exigido una valoración sobre su impacto y afecciones por parte de las Administraciones Públicas territoriales con competencia en este ámbito y, desde luego, por parte del Estado español y de Andalucía".

Maeztu pide, en resumen, entre los territorios vecinos el ansiado diálogo que no llega.

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