Cuatro horas y 40 minutos después y con el telediario encima, las dos vicepresidentas del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, comparecieron para anunciar que el Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto-ley y tres acuerdos con los recortes de 15.250 millones anunciados la semana pasada para reducir el déficit público 1,6 puntos en 2010 y 2011 y situarlo en torno al 6% de PIB frente al 7,5% previsto inicialmente. Además, se revisa a la baja el cuadro macro para 2011, donde el PIB crecerá un 1,3% frente al 1,8% inicialmente calculado.

De las medidas fiscales para que los ricos paguen más, nada. Tras negar con avaricia De la Vega que durante la semana hubiera contradicciones entre los miembros del Gabinete socialista, Salgado se refugió en las palabras de Zapatero anunciando medidas en este sentido, eludió pronunciarse sobre los globos sonda que circularon ayer mismo fijando el límite a partir del millón de euros y aplazó el "esfuerzo de solidaridad de las personas que más tienen" a cuando toque ajustar con los ingresos.

En una rueda de prensa de "buenas tardes-noches", así se presentó la vicepresidenta primera, y con las comparecientes a más revoluciones de las normales, el supuesto incremento de impuestos a los más ricos, anunciado como "inminente"  por la secretaria federal de Organización, Leire Pajín, y con el rastro de las contradicciones de los ministros aún fresco, acaparó gran parte de las preguntas de los periodistas. Sobre el fondo de la cuestión, Salgado tomó la responsabilidad de aplazar un pronunciamiento claro que acabara con la incertidumbre y explicó que en el Consejo de Ministros sólo se abordaron las medidas anunciadas por el presidente y encaminadas a reducir el déficit público a través del gasto. Y subrayó que "renta alta y patrimonio no son similares siempre", y adelantó que "en el momento oportuno" se planteará un "esfuerzo de solidaridad a las personas que más tienen durante el tiempo que dure la crisis".

Ante la insistencia de los periodistas de por qué ahora no era el momento de estas medidas fiscales, la vicepresidenta segunda, sin perder la compostura, se mostró dispuesta a explicarlo incluso en el PSOE si hiciera falta, y se reafirmó en lo que dijo: "No hay una propuesta sobre la mesa para subir los impuestos a las rentas más altas". "Inminente, no. Eso no lo ha utilizado el presidente del Gobierno".

Del papelón de los ministros, con Chaves, Salgado y Corbacho instalados en la contradicción y con Zapatero amagando pero sin decir ni cómo ni cuándo, se encargó  De la Vega, que recurrió al esoterismo más que a la filosofía para asegurar, tan pancha, que, en el fondo, todos ellos estaban diciendo lo mismo: "Desde el primer momento hemos mantenido que los que tienen más tienen que hacer un mayor esfuerzo. Eso ha transmitido el Gobierno y eso es lo que piensa la ciudadanía".

De la Vega, bajo el foco de los telediarios, explicó todo lo deprisa que pudo las medidas incluidas en el decreto-ley y en los acuerdos adicionales. Tras dejar claro que las medidas aprobadas no eran una decisión "fácil", como tampoco eran "fáciles de aceptar", dijo que eran propias de un "Gobierno responsable, y las situó como "la contribución española a la estabilidad de la moneda única".

Ayudada por un guión muy exhaustivo, repasó una por una las medidas contenidas en el decreto-ley, empezando por la reducción media del 5% en términos anuales de los salarios de los empleados públicos de todas las administraciones, que se aplicará con criterios de "progresividad". "La escala oscilará entre el 0,56% y el 7% en función del nivel de ingresos del grupo profesional y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las complementarias", explicó la otra vicepresidenta.

Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 y un 15%, la reducción se hará efectiva a partir de las nóminas del mes de junio, y los salarios quedarán congelados en 2011. Salgado precisó que los recortes no incidirán en la paga extraordinaria de junio, pero sí en la de diciembre. De hecho, según explicó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, el 30% del recorte lo notarán los empleados públicos en la paga extra de diciembre, y el resto se repartirá en mensualidades hasta fin de año.

Las dos vicepresidentas destacaron que la Administración General se ahorrará 535 millones en 2010, y 1.035 en 2011. Y las administraciones territoriales, 1,765 millones este año, y 3.465 el próximo.  El otro colectivo de damnificados, los pensionistas -excepto los que perciben pagas no contributivas, mínimas y los del antiguo sistema del régimen del SOVI no concurrentes con otras- verán suspendidas "excepcionalmente" las pensiones en 2011, aunque este año mantendrán su poder adquisitivo, garantizaron las vicepresidentas. Esta medida aportará 1.400 millones al ajuste en el régimen de la Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado.

Salgado señaló que la suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial generará un ahorro de 240 millones; la eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia, 300; la eliminación del cheque-bebé, 1.250; y el recorte del gasto farmacéutico, 1.300. Además de dar cuenta del plan de no disponibilidad y de reversión y la modificación de los acuerdos marco con CCAA y los ayuntamientos, la vicepresidenta segunda reveló que el Gobierno rebajó cinco décimas las previsiones de crecimiento para 2011 por el impacto de las medidas contra el déficit, y que mantuvo en el -0,3% las previstas para este año. La revisión del techo presupuestario se concretará más adelante.