El Ayuntamiento de Algeciras pretende -o así al menos lo estudian sus servicios jurídicos- retirar el servicio de recaudación de tasas e impuestos que ahora presta la Diputación de Cádiz, y equipararse así al nivel que ahora tiene la capital provincial y Jerez que, con dichas prestaciones municipalizadas, consiguen recaudar cerca de un 90% de los tributos que deben pagar sus habitantes, mientras que en Algeciras, dicho porcentaje se queda en apenas un 69%.

"No nos dolerán prendas en dar órdenes a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para terminar con la gestión de la Diputación de este servicio y reclamar la eficacia en la gestión de cualquier organismo en beneficio de los ciudadanos", manifestó contundente el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce quien aseguró sentirse dispuesto a llevar "este asunto al próximo pleno municipal, para que esté resuelto en un periodo breve de tiempo, ya que no es algo que requiera un plazo muy dilatado de tiempo".

También hizo una cantidad estimada de cerca de 10 millones de euros como la cifra que engrosaría las arcas municipales y que ahora no se percibe. Parte de la cantidad de 50 millones de euros anuales como el total que la institución provincial recauda en Algeciras y de los 20 puntos de diferencia que la ciudad presenta en su nivel de eficacia respecto a Cádiz o Jerez: en total 10 millones de euros anuales, "con los que se pueden hacer muchísimas cosas en beneficio de los ciudadanos".

La medida llega en medio de las intenciones del Consistorio por acometer un incremento de sus ingresos de cara a cumplir las condiciones que el Ministerio de Hacienda le exige para acogerse al Fondo de Ordenación, lo que permitirá disponer de 38 millones de euros con los que paliar su deuda y que serían destinados a "sentencias judiciales pendientes de hace muchos años; son trampas heredadas". Entre ellas se encuentra el desdoblamiento de San García cuya sentencia judicial recientemente publicada obliga al pago de 3 millones de euros al Ayuntamiento.

Así se puso de manifiesto en una reunión que Landaluce mantuvo en Madrid el pasado martes con Rosana Navarro, Secretaria de Estado de Hacienda y en el que "alabó la política de reducción de gastos que ha tenido este equipo de gobierno -el presupuesto ha pasado de 172 a 102 millones al año- y la mejora de la gestión, pero ahora nos reclaman medidas que supongan aumentar los ingresos".

Para ello, la principal arma con la que cuenta el Ayuntamiento algecireño para transformar la deuda a corto plazo a 10 años con dos de carencia y sin intereses, es incrementar la eficacia de la valoración catastral de algunos inmuebles, así como del afloramiento de algunos que ni tan siquiera figuraban en los registros, desde edificios en pleno centro de la ciudad, hasta centros comerciales o superficies emplazadas en la Autoridad Portuaria exentas hasta el momento del pago de tributos.

No obstante, tanto el alcalde como el concejal de Economía y Hacienda, Luis Ángel Fernández insistieron en que "no se va a aumentar en absoluto la presión fiscal a los algecireños, aunque algunos no entiendan que, por ejemplo, hace cuatro años esta ciudad era la que más impuestos pagaba de la provincia y hoy se encuentra en mitad de la tabla". Simplemente se trata de "combatir el fraude fiscal que se ha detectado, no que se paguen más impuestos, sino que todo el mundo pague lo que le corresponda". En este sentido, se apuntó también a la ruptura del principio de igualdad que supone que unos paguen y otros no" y también solicitarán a la Diputación "que explique mediante un estudio serio las razones de por qué se recauda menos en esta ciudad".

Con todas estas medidas se puede tener la liquidez necesaria para hacer frente a "poder ofrecer a los ciudadanos un mayor nivel de servicios que precisan". La adhesión a este Fondo de Ordenación se va a llevar a Pleno el próximo día 19 para poder presentar lo antes posible la documentación que permita disponer de una mayor facilidad a la hora de afrontar el pago de la deuda local, así como el liberar cantidades que en la actualidad se destinaban al pago de unos intereses mayores de los que a partir de que se haga efectivo el ingreso en el Fondo de Ordenación, deberá asumir el Ayuntamiento.