El ex alcalde de la ciudad y hasta el pasado día 22 de noviembre portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, Diego Sánchez Rull, tiene sobre sí una petición de fianza de 900.000 euros por su supuesta implicación en el caso del pago de comisiones ilegales por parte de la empresa Fitonovo a varios cargos del anterior equipo de gobierno para, supuestamente, hacerse con la concesión de la construcción y gestión del complejo deportivo Body Factory en El Calvario, según consta en el sumario. Hasta el momento se habían conocido las fianzas de 900.000 euros para José Álvarez y 400.000 euros para el arquitecto municipal José Alberola.

Con el levantamiento del secreto de sumario que instruye la juez Alaya también ha trascendido que, pese a estar incluido en la lista de personas del Ayuntamiento de Algeciras que la Benemérita iba a citar como técnicos informantes, finalmente el ingeniero municipal, Manuel Rodríguez Rubio, no fue llamado a comparecer ni por la UCO ni por la jueza Alaya, por lo que no está implicado en ningún sentido al no tener que declarar en calidad de imputado.

La revelación de las diligencias previas 4720/2013 continúa desgranando implicaciones en Algeciras. La última conocida es la solicitud por parte del fiscal Federico Bueno Pichardo, de una fianza por un importe de 900.000 euros tras haber sido señalado específicamente por la magistrada. Ésta, durante su comparencia y en la exposición de los hechos, asegura que el por entonces delegado de Contratación y Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras "a la fecha de los hechos y posteriormente alcalde del citado Ayuntamiento, intervendría activamente a través de la mesa de contratación en el concurso fraudulento que se celebraría en la primavera de 2010 para la concesión de la construcción y gestión del centro polideportivo de El Calvario".

En este momento, "y para lograr la concesión o adjudicación del contrato, Fitonovo a través de sus directivos Antonio González Baro y el empleado (y gerente) Pablo Pérez Benedicto, prometieron el pago inmediato de comisiones al partido del gobierno en el Ayuntamiento, en aquel momento el PSOE o al alcalde Tomás Herrera Hormigo, o al delegado de contratación y Urbanismo, Diego Sánchez Rull". Según la juez que lleva a cabo la instrucción de la operación "en este pago tendría hoy el inculpado, una decisiva participación".

Por todo ello, y dado que los hechos podrían "ser constitutivos de un delito de prevaricación, malversación, delito continuado de cohecho y asociación ilícita", se entra a valorar las medidas cautelares "de naturaleza real y personal del imputado", momento en el que el ministerio público "solicita como medida cautelar real, que se le imponga una fianza por importe de 900.000 euros" sin medida alguna de carácter personal. Su abogado defensor, manifestó su oposición a dichas medidas ya que consideraba "que no existen indicios suficientes para solicitar la medida y en la cuantía solicitada".

El aspecto que también ha quedado despejado según se conociera el pasado viernes el contenido del sumario al que tuvo acceso Europa Sur, es que sólo hay tres imputados entre la plantilla de técnicos municipales, sin que el cuarto de ellos, Manuel Rodríguez Rubio, ingeniero en el Ayuntamiento algecireño, esté implicado en ninguno de las etapas del mismo, ya que ni tan siquiera fue llamado a declarar por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ni fue derivado a los juzgados de Sevilla para prestar declaración ante Alaya.

Serían pues, José Álvarez imputado por prevaricación, malversación, cohecho y asociación ilícita, con 900.000 euros de fianza; José Guillermo Alberola imputado por los mismos delitos con una fianza de 400.000 euros; Javier Malla, que quedó en situación de imputado de prevaricación, malversación y cooperación en un delito de cohecho, pero sin fianza alguna solicitada por el fiscal.

Tampoco el ex alcalde Tomás Herrera tiene solicitada fianza alguna, pese a imputarle los mismos delitos que a Sánchez Rull, excepto asociación ilícita.