El levantamiento del secreto del sumario de la Operación Enredadera llevado a cabo ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga en Algeciras el pago de presuntas mordidas por parte de la empresa Fitonovo a funcionarios y políticos del Ayuntamiento de la ciudad, confirmó lo que Europa Sur viene adelantando en estas dos últimas semanas, aunque pone nombres, apellidos y sobre todo unos cargos que hasta el momento no se conocían. Las dos piezas claves en todo este entramado, los exalcaldes Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull están acusados según se puede leer en el sumario al que ha tenido acceso Europa Sur de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y en el caso de este último se añade el de asociación ilícita. También se contempla este supuesto delito en el caso de uno de los técnicos municipales, en concreto José Álvarez Ruiz, para el que el fiscal del caso, Federico Buero Pichardo, solicitó una fianza de 900.000 euros; asimismo se contemplan los mismos delitos para José Guillermo Alberola, arquitecto municipal para el que se pidió una fianza de 400.000 euros, tal y como informó ayer EuropaSur. Para el último de los técnicos imputados hasta el momento, Javier Malla Calvente, los delitos son prevaricación, malversación y cooperación en un delito de cohecho.

No obstante, sí hay varios aspectos en los que la juez supedita la práctica totalidad del sumario. La primera de ellas es, precisamente, la participación decisiva de los dos exalcaldes en todo el entramado de cobro de comisiones ilegales. Para ello, incluso incluye en la causa varios correos electrónicos en los que, siempre según la magistrada, se acredita la celebración de varias reuniones de ambos, acompañados por José Álvarez, con representantes de la empresa objeto de la investigación. Especialmente significativa es la declaración prestada por el alcalde Tomás Herrera. Este, a diferencia de la actitud mantenida por Sánchez Rull quien se acogió a su derecho a no declarar hasta que conociera los cargos, sí respondió con la evasiva de su propia situación dentro del partido. Estas diferencias fueron, según sus manifestaciones, trascendentes a la hora de sentirse aislado de las decisiones que se tomaban dentro del mismo y relativas a la adjudicación del complejo deportivo mediante un proceso calificado como claramente irregular.

La determinación de los hechos realizada por la juez Alaya, deja poco lugar a la duda. Así, en la toma de declaración a Diego Sánchez Rull se indica que el mismo intervino "activamente, a través de la mesa de contratación en el concurso fraudulento que se celebraría en la primavera de 2010 para la construcción y explotación del polideportivo El Calvario en Algeciras".

Para conseguir dicho contrato, "Fitonovo a través de sus directivos, José Antonio González Baro y el empleado Pablo Pérez Benedicto (con quien Sánchez Rull puso la primera piedra del complejo deportivo) prometieron el pago inmediato de comisiones al partido del gobierno del Ayuntamiento, en aquel momento el PSOE, o al alcalde Tomás Herrera Hormigo, o al Delegado de Contratación y Urbanismo y posteriormente alcalde, Diego Jesús Sánchez Rull. En este pago tendría el hoy inculpado una decisiva participación".

En cuanto a los pagos efectuados por Fitonovo, la juez en su auto fechado el pasado día 19, señala que estas "ascenderían a 279.360 euros, entregados entre el 26 de junio de 2010 y el 15 de septiembre de 2011, con un primer pago en la primera fecha de 130.000 euros". La entrega de dichas cantidades estaría acreditada por la documentación intervenida en la denominada Caja B de la empresa, demostrada con los correspondientes recibos de entrega de dinero, suscritos en su mayoría por el dictado Pablo Pérez. Estos pagos se dividían en 5 cantidades que totalizan otros 139.360 euros; 36.860 el 17 de septiembre de 2010; 18.000 el 29 de julio; 50.000 euros el 30 de noviembre, 19.500 el 27 de diciembre de ese mismo año y una devolución a la caja B que se realiza el 24 de enero de 2011 por importe de 7.000 euros. Asimismo, la magistrada asegura que "presuntamente una cantidad similar sería abonada por la otra accionista representada en el proyecto Body Factory Franquicias, del que sería administrador Ángel Luis García Balcones".

Fitonovo, para conseguir la adjudicación del proyecto -prosigue la juez- "se habría producido una valoración fraudulenta de los criterios de adjudicación expuestos en el Pliego de Condiciones, en virtud de los informes técnicos realizados con el acuerdo previo de José Antonio González Baro, Pablo Pérez y García Balcones y en virtud de la valoración realizada por la mesa de contratación de la que formaría parte el hoy imputado Sánchez Rull".

En el proceso de adjudicación se produjeron dos informes, uno del coordinador del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Malla sobre las exigencias técnicas del pliego y otro informe realizado por el arquitecto José Alberola y los ingenieros Manuel Rodríguez Rubio y José Álvarez Ruiz, siendo este director técnico de Urbanismo. Los dos informes se realizaron el 26 de mayo del año 2010.

La juez asegura en su auto que "existe constancia por los correos electrónicos intervenidos, de una posible cita entre este último (José Álvarez) y Fitonovo el 19 de abril de 2010 y de otra posible cita con el alcalde y delegado de Urbanismo (Herrera y Sánchez Rull) gestionadas por Ángel Manuel Macedo y Pablo Pérez.

Diego Sánchez Rull se acogió a su derecho constitucional de no declarar ante la juez, como tampoco lo hizo ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un día antes. Sí lo hizo Tomás Herrera que señaló ante Alaya que "no son ciertos los hechos que se le han imputado" porque "me marché de la Alcaldía en septiembre de 2010 porque tenía problemas con el partido". Asimismo, indicó que no tuvo contacto, ni con el contrato, ni con la entidad Body Factory ya que "había muchos asuntos que se le obviaban en el Ayuntamiento por su situación política" y que "desconoce si se ha recibido dinero, ni cual sería el destino del mismo".

También declaró ante Alaya el director técnico del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, José Álvarez quien reconoció a preguntas de la magistrada que "no sé si es legal realizar el informe técnico previo y luego formar parte de la mesa de contratación", donde se valora el informe técnico realizado por él mismo. Nos obstante "no es la primera vez que ha realizado el informe y después participa en la mesa de valoración". Álvarez manifestó también que desconoce "la entrega por parte de Fitonovo al Ayuntamiento de Algeciras de 239.360 euros en concepto de comisión en la adjudicación del contrato".

En cualquier caso, lo más significativo de la declaración de Álvarez es que reconoce en sede judicial, que "no ve razonable, ni el esquema tarifario, ni la valoración recibida sobre el menor plazo de ejecución para la concesión, ni del precio de venta y canon de la concesión", así como que la puntuación otorgada a otra de las empresas participantes en el concurso, en concreto Campusport es "corta". Vendrían estas declaraciones a abundar en la idea apuntada pro la juez de que dicho concurso estuvo alterado por el pago de comisiones irregulares.