Algeciras se encuentra en estos momentos sin el personal que se encargaba de forma específica de gestionar la Ley de Dependencia en la ciudad. Eran siete empleados cuyos contratos finalizaron el pasado 31 de diciembre. Tres puestos, de trabajadores sociales, se volverán a cubrir, pero los otros cuatro, de administrativos, no, al menos este año. Otros funcionarios municipales se ocupan en la actualidad de realizar las labores que desempeñaban estos siete trabajadores, pero el servicio se ha debido ajustar a unos "mínimos", según lamentó la edil de Bienestar Social, Paula Conesa.

Los siete contratos se financiaban con una subvención de la Junta de Andalucía que para 2013, con respecto a 2012, ha bajado un 48%. El año pasado la partida ascendió a 231.116 euros y la cantidad aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de diciembre para el presente ejercicio es de 119.243 euros. Ello significa que el crédito que se distribuirá cubre a los tres trabajadores sociales y deja fuera a los administrativos, según resumió Conesa. "Lo que la Junta dice es que quiere especializar el servicio", indica la concejala, que critica que la administración autonómica se "agarra" a ese argumento mientras la situación crea un trastorno importante.

La edil explicó que la confirmación de la partida llegó a final de diciembre y que esa circunstancia originó que resultara "imposible" dar continuidad a los puestos que cubre la subvención (los de los trabajadores sociales) y evitar el vacío actual. Se ocuparán con una oferta de empleo público que quizá no se pueda resolver antes de dos meses.

Hay que aclarar que esta partida de la Junta no tiene que ver con las prestaciones económicas de los beneficiarios de la Ley de Dependencia ni el que dinero que financia el trabajo de los profesionales que atienden a las personas dependientes, una concesión que en el municipio recae en la empresa ADL. El objetivo de la reducida subvención es sufragar servicios que se podrían resumir, grosso modo, en una función: tramitar las solicitudes.

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento registró un escrito el pasado 20 de diciembre dirigido al alcalde, José Ignacio Landaluce, en el que advirtió de la posible pérdida de los cuatro empleos de administrativos y le solicitó "una línea de negociación al objeto de poder buscar soluciones para la financiación" de sus contratos.