CUANDO hace cuatro años asumí la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir resultaba difícil imaginar que esta institución finalizaría la pasada legislatura como el organismo de cuenca de mayor inversión en España.

Cuatrocientos treinta millones de euros ejecutados desde 2012 nos han permitido culminar proyectos muy importantes, muchos de ellos paralizados y que salieron adelante, a pesar de la difícil situación que padeció esta Confederación tras la devolución de competencias del Guadalquivir al Estado por parte de la Junta de Andalucía.

Entre las tareas pendientes, heredadas de la Administración anterior, se encontraba una planificación hidrológica "a medio hacer", con un plan de cuenca que llegó a nuestras manos con tres años de retraso y la amenaza de la Unión Europea de imponer a España sanciones millonarias por ese incumplimiento. Una situación paradójica, porque hasta ese momento nuestro país siempre había sido modelo de gestión en materia hidráulica y el ejemplo a seguir.

En tiempo récord, finalizamos y aprobamos el Plan Hidrológico de primer ciclo, que tenía un horizonte temporal de 2009 a 2015 e inmediatamente después nos pusimos a trabajar en la revisión de estos documentos para el ciclo 2016-2021, pues la Administración europea obligaba a los Estados miembros a tener todos los planes finalizados antes de 2016.

Hoy estamos en condiciones de afirmar que hemos vuelto a cumplir con Europa y que hemos recuperado el ritmo de la planificación hidrológica comunitaria. El pasado 8 de enero se aprobó por Consejo de Ministros el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que marcará la política hidráulica en la demarcación hasta 2021.

Pero llegar hasta aquí no ha sido empresa fácil. Para elaborar y aprobar un documento que plasmara las necesidades y el marco normativo de gestión del recurso para más de cuatro millones de habitantes de la cuenca ha sido necesario un amplio consenso, en el que la participación pública ha resultado fundamental.

Durante los seis primeros meses de 2015, administraciones públicas, representantes sociales y usuarios del agua pudieron efectuar sus aportaciones, que fueron analizadas para incorporar las mejoras correspondientes.

Esta colaboración también se manifestó en su trámite posterior, la aprobación del documento por Consejo Nacional del Agua, órgano en el que están representadas la totalidad de las comunidades autónomas, las entidades locales, los usuarios y las organizaciones ecologistas. Junto al resto de planes de cuenca de competencia estatal, el Plan Hidrológico del Guadalquivir logró el voto a favor de más del 80% de los miembros del Consejo, consenso nunca antes alcanzado en España en materia de planificación hidrológica.

Esto ha permitido la entrada en vigor de un Plan Hidrológico de cuenca que contempla inversiones, para los próximos 5 años, de más de 2.392 millones de euros en actuaciones para evitar el deterioro adicional de las aguas y conseguir que éstas alcancen el buen estado, atender las necesidades del recurso en la demarcación y reducir los riesgos de inundaciones y sequías en nuestra cuenca.

De dicha inversión, el 52% pertenece a la Administración General del Estado, que prevé invertir un total de 1.254 millones de euros. Junto a ella, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contempla la ejecución de 778 millones de euros hasta 2021, lo que representa el 32% de la inversión total de este plan.

Con un horizonte temporal a 2021, se pretenden ejecutar hasta 873 medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad de las aguas con el fin de mantener nuestro río en las mejores condiciones posibles de conservación y dando al mismo tiempo respuesta a las necesidades del abastecimiento y los regadíos de nuestra cuenca.

Entre estas medidas, destacan por su importancia e inversión las destinadas a reducir la contaminación puntual, que facilitarán la construcción y/o adecuación de más de 200 estaciones depuradoras de aguas residuales y las dirigidas a reducir la presión por extracción del agua sobre los acuíferos de la demarcación, así como las que permitirán incrementar los recursos de agua disponibles, para lo que será fundamental la ejecución de varios proyectos financiados por este organismo como el recrecimiento del embalse del Agrio, la finalización de la balsa del Llano del Cadimo o la ejecución de la presa de Castillo de Montizón.

A pesar del escaso tiempo transcurrido entre la aprobación del plan de primer ciclo y la revisión del documento para el siguiente horizonte, el texto actual completa y mejora aspectos de vital importancia para la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica, tales como la evolución en la definición de los caudales ecológicos, pasando a establecer el caudal mínimo en 395 tramos de ríos; la inclusión de 30 medidas relacionadas con inundaciones; o la actualización de los indicadores de sequía.

En definitiva, un plan de todos y para todos, respetuoso con el medio ambiente y ambicioso en sus inversiones, que ha vuelto a colocarnos a la cabeza de Europa en materia hídrica, superando obstáculos económicos y temporales.