PARA el sector agrario uno de los aspectos más relevantes del último año ha sido la culminación del proceso de reforma de la PAC, que arrancó en marzo de 2010. Hoy, casi cinco años después, tras innumerables documentos, cientos de reuniones y una ingente labor de lobby podemos afirmar, con mucha prudencia y con cierta satisfacción, que se ha logrado cambiar la reforma más peligrosa y nociva de la última década, pues intentaba fijar un nuevo régimen de ayudas directas basado en la denominada "tasa plana" con nefastas consecuencias para la agricultura andaluza, por ser la más productiva y diversa. Finalmente se ha implantado el "modelo de comarcalización" propuesto por Asaja y con ello las ayudas quedarán en la comarca y en los grandes grupos de cultivos, sin trasvase a otras regiones, minimizando el impacto de esta reforma.

No obstante, esto no quiere decir que "todo quede igual", pues estamos en vísperas de ver los resultados de una reforma muy compleja y perversa, y eso significa que habrá reducción de ayudas en la mayoría de los casos. Pero con todo, probablemente el aspecto más sombrío sea que, una vez más, y ya van siete, se pierde una oportunidad única para intentar resolver el desequilibrio en la cadena de valor.

Desde Asaja entendemos que las propuestas legislativas de la reforma deberían haber avanzado mucho más en los mecanismos de gestión y regulación de mercados y en la corrección de los desequilibrios en la cadena alimentaria, la gran asignatura pendiente.

Así, aunque la nueva PAC avanza en el fomento de las organizaciones de productores (OP), de las asociaciones de éstas y de las interprofesionales para perseguir un incremento de la competitividad sectorial, la realidad es que los mercados agroalimentarios continúan presentando un balance negativo para el productor, y en ningún caso se dan las condiciones óptimas de competencia que permitan un funcionamiento más eficiente.

Esto se traduce en la inexistencia de contratos por escrito, en la venta en origen a resultas, en las modificaciones desleales de los contratos, en los abusos unilaterales, en el incumplimiento de los plazos de pago, en la falta de claridad en las ventas, en la pervivencia de la práctica de la venta a pérdidas o en la banalización de nuestros productos, además de un largo elenco de prácticas negativas para la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Basta hacer un simple cálculo tomando como referencia los precios percibidos por los agricultores hace 24 años. En 1991 un kilo de aceituna manzanilla en recolección se vendía en origen a 0,51 euros y un kilo de trigo en recolección se vendía a 0,19. Si a esos precios le aplicamos el correspondientes incremento de la inflación, el precio hoy debería ser de 1,04 euros y 0,39, respectivamente, sin embargo, en esta campaña los precios han estado entorno a 0,50 euros en el caso de la aceituna manzanilla, y en 0,18 para el kilo de trigo. Por el contrario, los inputs que necesitamos están hoy por encima de la actualización del IPC. Así, el kilo de urea en aquellos años estaba en 0,18 euros y hoy no baja de 0,35, el litro de gasóleo estaba en 0,30 y hoy se mantiene en torno a 0,74 , y el kilo de pienso para los cochinos ibéricos estaba en 0,18 y actualmente está en 0,31. Esta situación va desangrando paulatinamente a nuestro sector.

Es obligado actuar de manera urgente en el mercado para estabilizar los precios y para ello es necesario trabajar en los mecanismos de regulación y gestión de la PAC, y por otra parte, se debe hacer valer la excepción agraria al Derecho de la Competencia, de forma que se garantice que las empresas puedan competir en el mercado con idénticas oportunidades, lo que repercutirá también en los consumidores que recibirán productos y servicios en las mejores condiciones.

No podemos felicitarnos cuando vemos que la diferencia entre los precios que perciben nuestros agricultores y los precios que pagan los consumidores siguen siendo totalmente desproporcionada. No es posible que quien saque más rentabilidad sea quien no aporta ningún valor añadido al producto. Tenemos que combatir esa realidad y conseguir que los agricultores y ganaderos puedan recibir precios justos que les compensen sus esfuerzos e inversiones.

El resultado final de la reforma de la PAC ofrece un horizonte de estabilidad para el sector agrario en los pagos directos, aquéllos que llegan directamente al bolsillo de los agricultores y ganaderos y que suponen entre el 30% y el 40% de los ingresos de la explotación, que están garantizados hasta 2020. Ahora toca seguir luchando para conseguir que los agricultores y ganaderos logren unos precios dignos, puesto que la venta de las producciones supone el otro 60 ó 70% de los ingresos. Si el agricultor recibiese un precio justo, la importancia de la PAC sería muy inferior.

Estamos ante una batalla en la que necesitamos del apoyo de todos, y especialmente de los consumidores, a quienes nos debemos y para quienes trabajamos, y quienes siempre y cuando los agricultores y ganaderos mantengan la rentabilidad de sus explotaciones continuarán recibiendo productos de gran calidad, con garantía de salubridad y a precios razonables.

Por ello, desde Asaja no cejaremos en nuestro empeño y ya este año hemos diseñado la puesta en marcha de una campaña para combatir la venta a pérdidas en todo el territorio nacional, además de denunciar cuantas prácticas comerciales vulneren la ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para lo cual colaboraremos estrechamente con la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y también con las comunidades autónomas.