Tanto el interventor como el tesorero del Ayuntamiento advirtieron a la ex alcaldesa Pilar Sánchez que el dinero del Plan E no se podía destinar a otros fines como el pago de nóminas. A continuación firmaron las disposiciones de los fondos porque, según dijeron, sus cargos les facultan "para advertir de la norma" pero no para oponerse a las órdenes de un cargo público, motivo por el que al ser 'claveros' (sus firmas deben acompañar cualquier tipo de orden) acompañaron con sus rúbricas a la de la ex alcaldesa.

Ambos vinieron a destacar que cuando la popular María José García-Pelayo llegó a la Alcaldía solicitó unos informes sobre dicha cuenta restringida del Plan E, los cuales se entregaron en el verano de 2011. Quería averiguar el estado de la cuenta a la que iban destinados los fondos ingresados por el Estado para acometer 10 proyectos sociales y 37 obras. Ambos aseguraron ante el tribunal que conocen el derecho administrativo pero que desconocían que desviar dichos fondos pudiera deparar consecuencias penales y que, de hecho, no advirtieron a este respecto.

Mucho se debatió en torno a las causas de "fuerza mayor" que llevaron a Sánchez a utilizar el dinero de las obras para pagar salarios. Hubo incluso debate acerca de si el decreto ley del Plan E contempla dicha posibilidad. Así lo consideraba el abogado de Sánchez, Juan Manuel Montes, y en contra se mostró el fiscal, Manuel L. Arjona, que destacó a la sala que "las disposiciones del decreto dejan claro que lo único que se puede hacer por "fuerza mayor" es cambiar la cuenta restringida de una entidad bancaria a otra".

Igualmente se debatió en torno a si los fondos destinados a proyectos sociales podían destinarse a otros fines. Según se concluyó sí era posible, pero siempre y cuando se destinara al denominado capítulo II, es decir, gastos corrientes, y no al capítulo I, que es el referente al personal.

Sánchez se enfrenta a una solicitud de pena de tres años de prisión y a una multa de 8,6 millones de euros, según se desprende de la aplicación del artículo 308 punto 2º del Código Penal. Se trata, sin duda, de un castigo realmente duro si se tiene en cuenta que, como dijo la ex alcaldesa, el dinero siempre tuvo como beneficiario al Ayuntamiento y ni mucho menos a bolsillo ajeno alguno. No en vano, su defensor siempre hace especial hincapié en los esfuerzos realizados por Sánchez para reintegrar el dinero pese a la terrible quiebra financiera que padecía el Consistorio. Así lo atestiguaron tanto el tesorero como el interventor municipales, a los que la ex alcaldesa comunicó que el dinero se repondría.

Entre los técnicos que ayer pasaron a declarar por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez estuvo la secretaria técnica de Urbanismo y coordinadora de la unidad administrativa de gestión de los fondos del Plan E, que se ocupaba de la "tramitación telemática de toda la documentación de las obras contratadas". La técnica negó que en algún momento informara al Ministerio de que los fondos se iban a utilizar para otros fines distintos a los previstos.