El portavoz del PIVG y socio de gobierno, Jesús Mayoral -su compañero, Juan Roca, no asistió al Pleno y fue justificada su ausencia- fue el único que votó en contra de la propuesta del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, de modificación del plan de ajuste 2012-2022 en el sentido de eliminar la actualización de la RPT (relación de puestos de trabajo). El punto salió adelante gracias a la oposición -PP y USR- , que aunque se mostró muy crítica con la moción, se abstuvo.

El debate fue larguísimo y bronco por momentos, uno de ellos el que protagonizaron Marina García (USR) y Dolores Marchena (PSOE). También el alcalde y Mayoral dejaron claro que sus posturas están cada vez más alejadas. Incluso hubo criticas para la interventora por parte de Ruiz Boix.

El portavoz del PP, Fernando Palma, fue el primero en intervenir y propuso unirlo al siguiente que versaba sobre la amortización de plazas del personal jubilado. Palma recordó que se tuvo que realizar el plan de saneamiento en su etapa de gobierno debido a la situación de las arcas municipales y en consecuencia el plan de ajuste para el pago de proveedores. Así, opinó que es lógico hacer un estudio del Ayuntamiento para que sea sostenible porque la última RPT se hizo cuando aún existían entes autónomos en el Ayuntamiento. "Creemos que tiene que hacerse y después traerlo al Pleno y ya debatiremos si la propuesta es la mejor o no", añadió Palma, si bien anunció la abstención en el voto.

Marina García, portavoz de USR consideró que la propuesta es sorprendente. "No son formas de traer esta propuesta cuando lleva informes negativos claros", añadió García, quien consideró que "no es el momento cuando no existen problemas entre los funcionarios, los crea el alcalde y después los soluciona". A pesar de ello, apuntó a la abstención porque su grupo "siempre va a estar a favor de los funcionarios".

Jesús Mayoral analizó la propuesta y señaló que no tenía sentido llevarlo al Pleno. "No sirve para nada porque antes del día 14 de junio hay que traer un nuevo plan porque al refinanciar las deudas se tienen que modificar el anterior y traerlo de nuevo para su aprobación", añadió.

Mayoral aclaró que desde que se hizo la última RPT han salido 80 personas del Ayuntamiento y apuntó que la nueva organización supondrá el ahorro de 1,1 millones en diez años para las arcas municipales.

Por otra parte, indicó que en el programa electoral del PIVG se incluye la RPT, también firmada en el pacto de gobierno y por respeto a sus electores tiene que pedirla. "Estoy a favor de los trabajadores pero este Ayuntamiento necesita una reestructuración", consideró.

Dolores Marchena aclaró que la propuesta se lleva a Pleno por la mejora económica del Ayuntamiento y a raíz de la resolución del 13 de mayo del ministerio de Hacienda. Aseguró que la propuesta es viable y ya se han acogido otros ayuntamientos.

Ruiz Boix puntualizó que no se cierra la puerta a una RPT, que pueda realizarse en el futuro.

También tomó la palabra la interventora. Aclaró que las modificaciones a los planes de ajuste son para los ayuntamientos cuyas medidas no son suficientes y necesitan otras adicionales.

El alcalde consideró "penosas" estas declaraciones y añadió que el informe de la habilitada está fechado el 19 de mayo y la resolución del Gobierno salió el 14. "Está obligada a conocer la legislación", le espetó Ruiz Boix. Mayoral y Marina García salieron en defensa de la interventora.