Agaden informa de que la delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cádiz ha abierto expediente sancionador con la calificación de muy grave al Ministerio de Defensa por arrancar cerca de un millar de sabinas, enebros y camarinas en el perímetro de la antigua batería militar de Punta Camarinal, dentro del Parque Natural del Estrecho, en el término municipal de Tarifa. Según los ecologistas, que denunciaron estos hechos el pasado mes de febrero, la Administración también ha trasladado el expediente a la Fiscalía.

La asociación ecologista puso en conocimiento del Parque Natural y de la Junta de Andalucía de unas obras en este lugar, para las que habían retirado numerosos ejemplares de plantas y arbustos. Agaden explica que la delegación territorial de Desarrollo Sostenible señala que la actuación ha sido ejecutada sin disponer de la previa y preceptiva autorización ambiental unificada y que ha supuesto la destrucción de ejemplares de especies amenazadas y protegidas, así como la destrucción de hábitats de especies amenazadas y de interés comunitario de carácter prioritario en espacios de la Red Natura 2000 en monte público Dunas de Tarifa, Batería Punta Camarinal.

Al ser considerada como una falta muy grave, los ecologistas recuerdan que la actuación puede ser sancionada con multa de entre 60.101,22 hasta 300.506,05 euros, "ya que hablamos de especies catalogadas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Agaden ha recibido la notificación de que los hechos serán trasladados al Ministerio Fiscal, "ya que pueden ser constitutivos de los delitos tipificados en los artículos 325 y 332 del Código Penal".

El colectivo conservacionista recuerda que si estos hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, podría imponerse una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, además de una inhabilitación especial para profesión u oficio de tres meses a dos años. "Y si además se perjudica gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno atres años".

La organización ecologista valora positivamente la iniciativa de la Delegación Territorial "para que hechos como este no vuelvan a repetirse en las zonas protegidas de nuestras costas y espacios naturales como es el Parque Natural del Estrecho".