Ecologistas en Acción afirma que recurrirá la inclusión de Tarifa en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, trámite que permitirá garantizar el suministro de agua en Atlanterra, al entender que es "ilegal y carece de concesión administrativa". El colectivo sostiene que "cada municipio y cada cuenca debe adaptarse a sus propios recursos hídricos".

El colectivo recuerda que la urbanización de Atlanterra ha padecido problemas de abastecimiento verano tras verano y que "en vez de solucionarlos", el Ayuntamiento aprobó en 2009 una macrourbanización denominada Cabo Plata, con una superficie de 1.279.780 m2, un campo de golf, 1.035 viviendas y 1.372 plazas hoteleras. "Cuando se aprobó esta macrourbanización, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía aseguraron que existían suficientes recursos de aguas en el pantano de Almodóvar para abastecerla. Sólo Ecologistas en Acción alegó en contra, advirtiendo de que no existían suficientes recursos hídricos en la cuenca del Barbate para abastecer esta desmesura urbanística. Las alegaciones fueron desestimadas por el Ayuntamiento", recuerda Ecologistas en Acción.

"El proyecto para conectar Atlanterra con la zona de abastecimiento gaditana, trayendo agua desde el pantano de Los Hurones es la muestra de que se falsearon los informes para permitir la aprobación de esta macrourbanización", afirma el colectivo.

Ecologistas en Acción afirma que la inclusión de Tarifa en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana está "expresamente vetado" en la ley del trasvase Guadiaro-Majaceite. "Este trasvase se condicionó a que sólo se abastecería a los municipios incorporados entonces a la Zona de Abastecimiento Gaditana, entre los que no están ni Vejer, ni Barbate, ni Tarifa. Conectar a estos municipios vulneraría el artículo 1 de esta Ley, y Ecologistas en Acción lo recurriría ante los tribunales. No puede ampliarse a nuevas poblaciones, y menos tan alejadas de la cuenca del Guadalete, lo que significaría un nuevo trasvase encubierto que terminaría generando déficit y restricciones en esos 15 municipios", afirman los conservacionistas.

Para abastecer a la nueva urbanización, indica Ecologistas en Acción, se pretende construir una nueva conducción de 15 kilómetros y un nuevo depósito de 4.500 m3, con un coste de unos 9 millones de euros; "gasto público para negocios privados".

"El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana se ha venido expandiendo de forma ilegal a diversas poblaciones de la provincia, en casi todos los casos para abastecer proyectos urbanísticos de carácter claramente especulativos, a los municipios de Vejer, Barbate y Benalup, y ahora se pretende extenderla hasta Tarifa. El CAZG abastece a más de 800.000 habitantes, que verán en riesgo el abastecimiento si se sigue con esta expansión ilegal e irresponsable. Este año ya hemos tenido el primer aviso de lo que puede suceder ante un periodo de sequía. Periodos que se acentuarán ante el escenario de cambio climático que reducirá aún más los recursos hídricos en nuestra región, advierten los ecologistas.

"El abastecimiento a Atlanterra y Cabo Plata ni está contemplado en el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate, ni tiene la correspondiente concesión de aguas por parte del organismo de cuenca, que es la Junta de Andalucía. Y el Ayuntamiento de Tarifa carece de concesión de aguas desde el embalse del Almodóvar, la que existía está caducada. Esta situación demuestra la negligencia del Ayuntamiento tarifeño, sólo dedicado a promover proyectos urbanísticos especulativos, sin tener garantizado el abastecimiento de agua incluso para el propio núcleo urbano de Tarifa. Francisco Ruiz (PSOE) actúa más como gerente de las empresas constructoras que como alcalde", afirman Ecologistas en Acción.