Más de dos decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños en la infraestructura del país. Ese ha sido el resultado de una semana de furia y violencia que se desató en Perú en medio de la crisis política y social tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo.

Aunque las protestas y manifestaciones comenzaron el 7 de diciembre en Lima, cuando Castillo fue destituido por el Congreso, se agravaron el pasado domingo 11, cuando se registraron violentos enfrentamientos en la ciudad de Andahuaylas, en la región sur andina de Apurímac, donde murieron seis personas.

Esa localidad, junto con la vecina Ayacucho, se convirtió en el epicentro de marchas que derivaron en enfrentamientos que incluyeron ataques a aeropuertos vigilados por las fuerzas de seguridad, que han sido acusadas por organizaciones civiles y partidos de izquierda de hacer un uso excesivo de la fuerza.

Tanto el Gobierno como los militares defienden que se cumplieron las leyes establecidas para los casos de estado de emergencia en el país, como el decretado el pasado miércoles, durante 30 días, por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, así como el toque de queda en 16 provincias de ocho de los 24 departamentos del país andino.

Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

En Lima, grupos de manifestantes protestaron, en principio, contra la destitución de Castillo y en rechazo a la designación como jefa de Estado de la vicepresidenta Boluarte, de acuerdo con la sucesión constitucional.

La tensión se agudizó cuando las manifestaciones se trasladaron a localidades del interior del país, sobre todo a Andahuaylas, donde varios policías fueron retenidos por manifestantes, que posteriormente los liberaron.

En las protestas se planteó una plataforma de exigencias que se mantendría en los próximos días y que incluye la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.

La muerte sentó sus reales desde 11 de diciembre, cuando un chico de 15 años falleció en las protestas en Andahuaylas, donde se debió cerrar el aeropuerto por los actos de vandalismo que sufrieron sus instalaciones.

Poco después se reportó el segundo fallecido, un joven de 18 años, lo que exacerbó los ánimos y la tensión política, por lo que Boluarte anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones a 2024.

La Defensoría del Pueblo confirmó el lunes que los fallecidos en algo más de 24 horas se habían elevado a siete, dos de ellos menores de edad, "y todos por proyectiles de armas de fuego", producidos en Andahuaylas y la provincia vecina de Chincheros, así como uno en la aledaña región de Arequipa.

También resultaron heridos más de 100 agentes, mientras que en Lima piquetes de vándalos atacaron los locales de dos canales de televisión, así como a periodistas.

Aunque el Gobierno decretó el miércoles el estado de emergencia, las manifestaciones se agravaron el jueves en Ayacucho, donde la violencia se desató cuando un grupo ingresó a la pista de aterrizaje del aeropuerto y causó destrozos en las instalaciones.

Los militares y policías respondieron con disparos de armas de fuego, según mostraron numerosos vídeos difundidos por redes, lo que produjo una vorágine de acontecimientos violentos que dejó nueve muertos.

El viernes, al menos otros dos manifestantes fallecieron en enfrentamientos con la Policía en el distrito de Pichanaki, en la región central de Junín, con lo que sumaron a otros tres reportados en la semana en la región norteña de La Libertad y otro en el Cuzco.

La presidenta Boluarte ratificó el sábado la legitimidad de su Gobierno y exigió al Congreso que apruebe el adelanto electoral, mientras que las fuerzas de seguridad aseguraron que han retomado el control del país.