La decisión se produce varios meses después de que la Fiscalía pidiera la confirmación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a 19 ex altos cargos por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide la confirmación de la sentencia de los ERE por la “patente ilegalidad” del procedimiento establecido para la concesión de las ayudas durante una década.

Mantiene el criterio de Anticorrupción, que finalmente dio por buena la sentencia y decidió no recurrirla, y se opone a los recursos de las defensas de los 21 ex altos cargos pidiendo la absolución.

Reclama acuerdos del consejo de Gobierno en los que participaron, entre otros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

La juez ha accedido a la petición del Ministerio Público y ha solicitado el acta de una reunión del 3 de julio de 2012 en la que se modificó la propuesta de inversión para conceder un préstamo de 8,3 millones a la empresa malagueña. Griñán no asistía a esta comisión delegada como no lo hace ningún presidente, aseguran las defensas del caso.

El nuevo “número 2” de la Fiscalía dice que la sentencia de los ERE no le gusta ni le convence nada, “ni como jurista ni como ciudadano”, pero “comprende la presión mediática” que sufrió la Sala. "Yo no hubiera presentado ni firmado la denuncia contra la juez Bolaños porque era una guerra perdida”. .

Denuncia la "falta de claridad en el relato de hechos probados" y la "manifiesta contradicción".

El letrado dice que no ha querido "compartir" la defensa del ex presidente de la Junta con el letrado José María Calero. Asegura que la defensa de Griñán "en ningún caso puede ser política".

El abogado que defendió en el juzgado a Lopera y ejerció la acusación por el asesinato de Marta representará al ex presidente andaluz.