El Supremo debe decidir si plantea la cuestión de inconstitucionalidad que pide una defensa de los ERE por el acuerdo entre los jueces Bolaños y Vilaplana para el reparto de las macrocausas.

Procesa a cinco personas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la "presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales".

Considera que la lonja es responsable civil subsidiario" por los hechos delictivos que se imputan a Fernando Mellet y Daniel Ponce.

La rectificación del Supremo un día después de anunciar que ya se estaban estudiando los recursos siembra más incertidumbre sobre cuándo se conocerá la sentencia definitiva de los ERE.

La letrada dicta una diligencia de ordenación alegando un "error informático" en la anterior comunicación.

La decisión se produce varios meses después de que la Fiscalía pidiera la confirmación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a 19 ex altos cargos por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El instructor aprecia delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Entre los nueve investigados en esta pieza de la macrocausa hay además cinco presentantes y directivos de Egmasa, un sindicalista de CCOO y dos responsables de la mediadora Vitalia.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, reclama a los magistrados que deben juzgar las macrocausas un diagnóstico para conocer la situación real del colapso de la Audiencia de Sevilla.

Se trata de la pieza por las ayudas de 2,3 millones a la empresa Surcolor, cuya vista oral se desarrollará entre julio y noviembre de 2023.